El PP apuesta por reforzar los castigos por amenazas o injurias a jueces y más protección frente a presiones

El PP aboga por fortalecer la protección de los jueces ante amenazas o injurias con sanciones administrativas cuando lo dicho no suponga delito, así como mayor amparo frente a "presiones políticas", con el objetivo de proteger su "independencia".

Se trata de una de las medidas incluidas en el epígrafe 'El poder no controlará a quien lo vigila' del programa electoral para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha presentado este martes junto a la vicesecretaria de Coordinación Sectorial de la formación, Alma Ezcurra, que ha coordinado el documento.

"Protegeremos la independencia de los jueces. Reforzaremos en la Ley Orgánica del Poder Judicial su amparo frente a las presiones políticas y mejoraremos los medios materiales y tecnológicos de juzgados y tribunales", reza el programa.

Del mismo modo, se comprometen a "fortalecer" la protección penal de los jueces "frente a amenazas, coacciones e injurias graves" y a establecer "sanciones administrativas para intimidaciones que no constituyan delito".

Los 'populares' también señalan que quieren que los Reglamentos de las Cámaras impidan citar a los jueces en sede parlamentaria para responder por sus actuaciones judiciales.

CINCO AÑOS DE MANDATO PARA EL FISCAL GENERAL

Por otra parte, la formación plasma entre sus medidas judiciales que el fiscal general del Estado "no dependerá del Gobierno" y desligará los mandatos de ambos, porque "la Fiscalía debe defender la legalidad, no los intereses políticos de quien ocupa el poder".

"Aprobaremos un nuevo Estatuto del Ministerio Fiscal. El fiscal general tendrá un mandato único de cinco años y, como recomienda la Comisión Europea, no cesará con el Gobierno que lo propuso", indica sobre una medida que Feijóo lleva defendiendo desde pocos meses después de ser elegido líder del partido hace cuatro años.

Y se decanta por que el informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre la idoneidad de quien sea propuesto para el cargo de jefe de la Fiscalía "será preceptivo y vinculante para su nombramiento", y que si en algún momento el fiscal general es procesado, como pasó con Álvaro García Ortiz --condenado por el Tribunal Supremo por revelación de secretos--, eso "conllevará el cese inmediato y automático".

En este contexto, el PP expone que "la imparcialidad de la Fiscalía protegerá a cada fiscal" y, de llegar al Gobierno, reforzarán el Consejo Fiscal "para revisar las órdenes controvertidas y proteger la autonomía profesional".

"Regularemos el reparto de asuntos y la resolución de discrepancias. Los nombramientos y ascensos responderán a criterios objetivos y necesitarán el respaldo del Consejo Fiscal. La Fiscalía gestionará su presupuesto y su organización interna con autonomía. Sus comunicaciones con el Gobierno serán escritas y públicas, salvo las materias legalmente reservadas", agrega.

IMPEDIR NUEVOS BLOQUEOS AL RENOVAR EL CGPJ

Sobre la elección de los vocales del CGPJ, el PP reitera su propuesta, en línea con las recomendaciones de la Unión Europea, de que los jueces de todas las categorías puedan escoger a los doce miembros que les representan en ese órgano de gobierno.

El partido apuesta por mantener la evaluación pública de méritos de los ocho juristas --los otros ocho miembros del órgano-- que designan las Cortes y extenderán "a todos los vocales la incompatibilidad por haber ocupado cargos políticos en los cinco años anteriores a su elección".

A la vez, dice que adaptarán el sistema de renovación para "impedir que el bloqueo parlamentario paralice el Consejo", como pasó entre 2018 y 2024 por la falta de acuerdo entre PP y PSOE para renovarlo.

También señalan que las plazas de magistrados del Tribunal Supremo se cubrirán "por concurso reglado de méritos, con decisiones motivadas y públicas, exigiendo que en la antigüedad mínima de veinte años en la carrera judicial que ya exige la ley no se compute el tiempo en servicios especiales por el desempeño de cargos políticos".

"Los jueces y fiscales que hayan ocupado cargos políticos no podrán volver a juzgar ni a ejercer la acusación hasta cinco años después de su cese", apostilla.

QUE EL CONSTITUCIONAL NO REVISE LAS DECISIONES DEL SUPREMO

El PP defiende en ese epígrafe de su programa electoral que el Tribunal Constitucional "no será una segunda instancia sobre el Tribunal Supremo".

Al respecto, propone que el recurso de amparo "protegerá los derechos fundamentales, pero no servirá para volver a revisar la interpretación de la legalidad ordinaria que corresponde al Supremo", y reformar la legislación procesal y la ley que regula la corte de garantías "para delimitar con claridad qué recursos de amparo admite y qué efectos tienen sus decisiones".

"La justicia constitucional debe llegar a tiempo. La protección de la Constitución pierde eficacia cuando las decisiones llegan después de que el daño institucional se haya producido. Los recursos de inconstitucionalidad contra leyes que afecten a derechos fundamentales se resolverán en noventa días", añaden.

Y explican que quieren ampliar el recurso previo de inconstitucionalidad a las leyes orgánicas sobre los poderes del Estado y las instituciones de relevancia constitucional, y que se publicarán los asuntos pendientes, las normas de reparto y el sentido del voto de cada magistrado "una vez resuelto el asunto".

Asimismo, los de Feijóo platean que el Constitucional apruebe "en seis meses un código ético que proteja el secreto de sus deliberaciones y fije consecuencias para las filtraciones", además de ampliar en la ley las causas de abstención y recusación de los magistrados.

"La independencia del Constitucional es una prioridad democrática. Debe ser percibido y funcionar como una institución jurídica independiente, no como una prolongación de las mayorías políticas", sostiene.

RÉGIMEN "ESTRICTO" DE INCOMPATIBILIDADES

Su propuesta es que ningún candidato para magistrado del Constitucional podrá haber ocupado cargos políticos durante los cinco años anteriores y establecer un régimen "estricto" de incompatibilidades.

"Reforzar la independencia, la autoridad y la legitimidad del Constitucional es esencial para que los límites al poder sean creíbles y las reglas constitucionales sean respetadas por todos", subraya la formación.

Dentro de este tema, aboga por que ningún magistrado "participará en la decisión sobre la constitucionalidad de una norma en cuya elaboración o impulso haya participado desde el Gobierno o la Administración".

Los 'populares' prometen a su vez que la Abogacía del Estado "no defenderá intereses particulares de los altos cargos", para lo que habría que reformar su Reglamento "para que el ejercicio de acciones judiciales en nombre de un miembro del Gobierno requiera una justificación expresa del interés general y de su relación con las funciones del cargo".

Bajo su compromiso, "la asistencia jurídica pública no podrá utilizarse para pleitos particulares ajenos al ejercicio legítimo de esas funciones".