Madrid, 10 nov (EFE).- El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Plan de Contratación Pública Ecológica de la Administración General del Estado, para el período 2026-2033, con el fin de impulsar la descarbonización y la resiliencia climática de las inversiones públicas.
Este plan, ha explicado el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) en un comunicado, pretende aprovechar el potencial de las inversiones públicas "para reducir las emisiones, mejorar la adaptación al cambio climático, favorecer la economía circular y estimular el desarrollo de soluciones innovadoras y respetuosas con el medio ambiente".
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Es, según la mencionada cartera, un instrumento que permitirá incorporar "criterios ambientales en la contratación pública y aprovechar su capacidad para impulsar la transición ecológica".
Dicho documento está articulado en seis líneas de actuación y veintidós medidas que persiguen el objetivo de que en 2033 "se valore incorporar al menos una consideración medioambiental en el 100 % de los procedimientos incluidos en su ámbito".
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Entre las medidas, destaca la creación de una base de datos de factores de emisión de materiales de construcción y el impulso de la huella de carbono de productos y servicios en los procedimientos de contratación, fomentando así la descarbonización desde la contratación pública.
También la rehabilitación energética de los edificios públicos y el desarrollo de una herramienta denominada 'test climático' para facilitar la incorporación de criterios de adaptación en las prescripciones técnicas de los grandes contratos de obras, concesiones de obras y de servicios, así como en los contratos de servicios para la redacción de proyectos.
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Se centra, en definitiva, en que las inversiones y los servicios públicos "no solo contribuyan a reducir las emisiones, sino que estén preparados para mantener su funcionalidad ante los impactos climáticos presentes y futuros".
El plan, especifica el Miteco, amplía su alcance respecto al anterior, vigente entre 2018 y 2025, al incorporar a las entidades públicas empresariales y las agencias estatales, junto con la Administración General del Estado, sus organismos públicos y las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social. EFE
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