Madrid, 5 nov (EFE).- El Ayuntamiento de Palma de Mallorca retiró este miércoles las tiendas de campaña y todos los elementos instalados por los manifestantes que protestaban por la crisis de la vivienda y ocupaban la Plaza de España desde el pasado 28 de septiembre, sin contar con la autorización de la Delegación del Gobierno.
El consistorio explicó en un comunicado que dicha intervención se produjo después de que el alcalde de Palma, Jaime Martínez Llabrés, reclamara "reiteradamente" a la Delegación del Gobierno que "actuara en el marco de sus competencias, para poner fin a esta situación".
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Peticiones que, aclaró, no fueron correspondidas con "ninguna medida para resolver la ocupación de la Plaza de España".
"Ante esta falta de actuación, el Ayuntamiento ha decidido intervenir en el marco de sus competencias y en el cumplimiento de la normativa municipal, en concreto de la Ordenanza Cívica y de Ocupación de la Vía Pública, procediendo a la retirada de estos elementos", señaló el consistorio en el comunicado.
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El operativo fue comunicado a la Delegación del Gobierno este miércoles y en él participaron agentes de la Policía Local; efectivos de la Empresa Municipal d'Aigües i Clavegueram (Emaya), que realizaron una "limpieza integral de la plaza", y los servicios sociales municipales que se desplazaron hasta el lugar para atender a las personas que pudieran necesitar asistencia.
El Ayuntamiento agregó que la ocupación de la plaza dejó de estar amparada por el derecho de reunión y manifestación al superarse "sustancialmente tanto el plazo como las condiciones comunicadas inicialmente por los organizadores". Estas comunicaciones, detalló, no contemplaban "la instalación de tiendas de campaña ni una ocupación permanente de la plaza".
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"Además la situación actual difiere de la comunicada inicialmente también por el número de personas que permanecen en el lugar", indicó la corporación.
En este sentido, el consistorio explicó que el martes la Policía Local identificó a nueve personas, comprobó que la mayoría de tiendas estaban vacías y que parte de las personas identificadas "podrían no guardar relación directa con la protesta que motivó la acampada".
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Por su parte, el PSOE de Palma denunció en un comunicado que el desalojo vulnera el derecho constitucional de reunión y supera las competencias municipales, y anunció que pedirá explicaciones al alcalde. EFE
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