Burgos, 4 nov (EFE).- El juicio por un supuesto delito medioambiental por vertidos de hidrocarburgos en el campo petrolífero de La Lora, en la provincia de Burgos, del que se acusa a la empresa concesionaria de la explotación, que cesó en 2017, y a dos de sus responsables -el administrador único y el director facultativo-, para los que se pide 15 meses de prisión, ha quedado visto para sentencia.
La acusación ejercida por Ministerio Fiscal, Ecologistas en Acción y la Junta de Castilla y León considera probado, con las declaraciones de la Guardia Civil, agentes medioambientales y peritos, un delito contra el medioambiente derivado de una ausencia de mantenimiento y "abandono" de las instalaciones petrolíferas.
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La existencia de varias balsas con presencia de hidrocarburos mezclados con agua, que provocaron los vertidos detectados en 2024, habrían ocasionado, según la acusación, la contaminación de agua y tierras circundantes, de cuya gestión se hizo cargo el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Además, provocó la muerte de una veintena de aves -búho, lechuza, mochuelo y hasta un azor-, casi todas protegidas y algunas en riesgo de extinción, que acabaron atrapadas en "una sustancia viscosa, negra, parecida al petróleo", que les impidió retomar el vuelo y las acabó matando por hipotermia e inanición.
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Así lo ha descrito, en la segunda sesión de la visita oral, el perito que recibió en el Centro de Recuperación de Aves Silvestres (CRAS) los restos de los animales recuperados en 2020, después de una denuncia que derivó en la visita a las instalaciones petrolíferas de la Guardia Civil y agentes medioambientales.
Dos agentes de la Guardia Civil han explicado el informe que sustenta la reclamación por contaminación del suelo y que recoge que las balsas contenían una mezcla de hidrocarburgos y agua, se desbordaron por la lluvia y provocaron una contaminación que afectaría a al menos 150 metros cuadrados.
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Han explicado que el terreno circundante a las balsas presentaba concentraciones excesivamente elevadas para ser derivadas de la simple actividad de explotación petrolífera.
Por su parte, la asesora legal de la empresa concesionaria de la explotación, Compañía Petrolífera de Sedano, ha defendido que se mantuvieron en todo momento las condiciones de seguridad del campo de La Lora y que lo ocurrido fue una "circunstancia excepcional" porque nunca había habido problemas con aves.
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Ha asegurado que, en cuanto recibieron el requerimiento de la Junta de Castilla y León en septiembre de 2020 para actuar en las balsas, propusieron una solución que se ejecutó y que al ministerio le remitían semanalmente informes sobre el estado del campo petrolífero.
También autorizó el plan de desmantelamiento y en ningún momento se advirtió de que las balsas fueran un problema, ha insistido la asesora legal.
En la misma línea, el perito de la defensa ha asegurado que la empresa "ha cumplido" con la normativa y los requerimientos de las administraciones y los plazos y ha defendido que en las balsas había agua y una presencia "residual" de hidrocarburgos, negando vertidos.
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En sus conclusiones, Fiscalía, Ecologistas en Acción y Junta consideran demostrado un delito contra el medioambiente por el "desinterés" de la compañía, que no garantizó un mantenimiento de las instalaciones en condiciones de seguridad, ya que mantuvo las balsas con hidrocarburos que se mezclaron con agua.
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El Ministerio Fiscal ve probado el daño sobre la fauna, por lo que mantiene su petición de indemnización de 19.313 euros para la Junta, pero no la contaminación del terreno, que sí ve Ecologistas en Acción, que defiende una indemnización para el ministerio -no presente en la causa- de más de 700.000 euros.
Por su parte, las defensas piden la absolución para la empresa, al considerar que ha cumplido en todo momento con sus obligaciones, y los dos responsables acusados, que "han cumplido con su cometido", no existe dolo, y en el caso del administrador único, ya había dimitido en el momento de los hechos. EFE
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