Madrid, 3 nov (EFE).- El Gobierno ha aprobado este martes el real decreto que actualiza la regulación nacional de los biocidas, estableciendo las condiciones de autorización, fabricación, envasado, almacenamiento, comercialización y utilización de estos productos, que deberán estar inscritos en el Registro Oficial de Biocidas.
La nueva norma aprobada por el Consejo de Ministros, que entrará en vigor el 1 de julio del año siguiente a su publicación en el BOE, fija los requisitos para garantizar la calidad de los productos y la seguridad de las instalaciones, con condiciones sobre ubicación, ventilación, señalización, contención de derrames, gestión de residuos y control de acceso.
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También prohíbe almacenar biocidas en viviendas, garajes, medios de transporte y espacios destinados a otros fines.
Los productos deberán conservarse en sus envases originales y separados de alimentos y piensos, y su etiquetado deberá figurar, al menos, en castellano y ajustarse a los requisitos europeos. El personal que los comercialice deberá facilitar a los usuarios profesionales la información necesaria para su correcta manipulación y utilización.
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Con ello, se actualiza la regulación nacional de los biocidas y completa la aplicación del Reglamento europeo sobre su comercialización y uso; el real decreto regula el Registro Oficial de Biocidas y establece las condiciones de autorización, fabricación, envasado, almacenamiento, comercialización y utilización de estos productos.
El texto establece que los establecimientos e instalaciones donde se fabriquen, envasen, almacenen o comercialicen biocidas deberán inscribirse en el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas (ROESB), como también deberán hacerlo los servicios biocidas y las instalaciones fijas de tratamiento.
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La gestión corresponderá a las comunidades autónomas y la inscripción de los servicios tendrá eficacia en todo el territorio nacional.
Este real decreto sustituye el actual Libro Oficial de Movimiento de Biocidas por un sistema de registro de transacciones para los productos de mayor peligrosidad, que permitirá hacer seguimiento de las operaciones de adquisición, cesión y aplicación.
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La nueva normativa da un plazo de seis meses para su implantación y obliga a conservar durante cinco años la documentación relativa a las autorizaciones, la formación del personal, las actuaciones realizadas, las transacciones y el mantenimiento de los equipos.
También actualiza la formación exigida al personal profesional especializado que realiza tratamientos en ámbitos como la desinfección, la higiene veterinaria, el control de plagas, la protección de alimentos y agua potable o el control de la legionela.
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Los servicios biocidas que realicen tratamientos a terceros deberán disponer de una persona responsable técnica con la formación requerida. El personal aplicador contará con un plazo de seis años para obtener las nuevas titulaciones o certificados profesionales.
Son las comunidades las que ejercerán la vigilancia del mercado, la inspección y el control oficial de los biocidas dentro de sus competencias, mientras que el Ministerio de Sanidad coordinará estas actuaciones con los departamentos competentes en medio ambiente y agricultura y con las administraciones autonómicas. EFE
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