El Gobierno aprueba modificar el decreto de zonas de bajas emisiones para su implantación

Madrid, 3 nov (EFE).- El Gobierno ha aprobado la modificación del real decreto que regula las zonas de bajas emisiones (ZBE) para obligar a los ayuntamientos a implantar y poner en marcha los mecanismos reales que prohíben la entrada de los vehículos más contaminantes al centro de las ciudades, con el objetivo de garantizar una mejor calidad del aire.

La medida se ha adoptado en el Consejo de Ministros de este martes, en el que se ha aprobado la modificación del Real Decreto 1052/2022, de 27 de diciembre, ante las "deficiencias detectadas" durante estos primeros años de aplicación de esta norma.

Según un comunicado del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), se ha puesto de manifiesto la necesidad de reforzar los requisitos para evitar que la declaración de una zona de bajas emisiones se limite a una delimitación territorial sin medidas efectivas.

El Real Decreto 1052/2022, de 27 de diciembre, establece los requisitos mínimos de las ZBE que deben implantar los municipios españoles de más de 50.000 habitantes, los territorios insulares y los municipios de más de 20.000 habitantes que superen los valores límite de calidad del aire, en cumplimiento de la Ley 7/2021, de cambio climático y transición energética.

De acuerdo con el Miteco, la modificación responde a la necesidad de avanzar hacia la reducción de la contaminación atmosférica y de emisiones de gases de efecto invernadero, mejorar la calidad del aire y la salud de los ciudadanos, y hacia modelos de movilidad sostenible.

La implantación de ZBE contribuye además a fomentar los desplazamientos activos (movilidad activa), recuperar los espacios públicos y racionalizar el uso del vehículo privado.

Entre las deficiencias, se han detectado moratorias "excesivamente prolongadas" en la aplicación del régimen sancionador, zonas sin restricciones de acceso en función del potencial contaminante de los vehículos o zonas insuficientes que coinciden con espacios que ya contaban previamente con limitaciones al tráfico.

Con la modificación del real decreto, los ayuntamientos obligados a establecer ZBE deberán acreditar con documentación el cumplimiento efectivo de los requisitos establecidos en la norma.

Para lograrlo deberán comunicar la entrada en vigor de las prohibiciones o restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos atendiendo a su potencial contaminante, así como la aplicación de los sistemas de control de acceso, monitorización y seguimiento.

Además, la modificación exige que las ordenanzas municipales recojan y apliquen las sanciones previstas en la normativa estatal de tráfico, sin recurrir a sistemas transitorios que demoren la efectividad de su puesta en marcha.

De este modo, se pretende garantizar que las restricciones establecidas cuenten con mecanismos reales de cumplimiento, la evaluación de su eficacia y proporcionar mayor seguridad jurídica a los ayuntamientos en relación con las competencias en materia de tráfico y movilidad, entre otros. EFE