Loli Benlloch
Valencia, 28 oct (EFE).- La dana del 29 de octubre de 2024, en cuyas inundaciones murieron 233 personas en Valencia, cumple dos años este jueves, un tiempo en el que se ha aprendido la importancia de los avisos y la anticipación para salvar vidas en estos fenómenos meteorológicos, como se ha visto en la reciente dana Adam.
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Hace 730 días, una dana dejó en la provincia de Valencia lluvias torrenciales muy focalizadas sobre los ríos Magro y Júcar y la cabecera del barranco del Poyo, que generaron crecidas relámpago casi simultáneas y unas avenidas de lodo y sedimentos que segaron la vida de 233 personas y causaron daños materiales por 13.000 millones de euros.
Aquel martes empezó con la elevación a rojo del aviso de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por una dana anunciada desde hacía días, aunque el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) no se reunió hasta las 17 horas y la alerta a la población se envió a las 20:11 horas, cuando ya había muerto la mayoría de las víctimas.
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El amanecer del día siguiente unas imágenes de destrucción inolvidables que recorrieron el mundo y dieron idea de la magnitud de unos daños en cuya reconstrucción el Gobierno de España afirma que ha invertido 10.000 millones de euros y la Generalitat 3.100 millones, mientras los alcaldes de esas zonas opinan que aún queda mucho por hacer.
En el ámbito político, el funeral de Estado por las víctimas mortales que se celebró un año después aumentó la presión sobre quien presidía la Generalitat el día de la dana, Carlos Mazón, quien estuvo comiendo cinco horas con una periodista y llegó al Cecopi a las 20:27 horas, y que cinco días después de ese funeral anunció su dimisión.
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Le sustituyó al frente del Gobierno valenciano el número dos del PP de la Comunitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, si bien Mazón mantiene el escaño de diputado en Les Corts Valencianes y la Generalitat le ha abierto en Alicante una Oficina de expresident.
Para determinar las responsabilidades políticas de la gestión de esta dana, se crearon varias comisiones de investigación, como la de Les Corts Valencianes, que PP y Vox cerraron tras once sesiones sin atribuir ninguna a responsabilidad a Mazón ni a los gestores de la emergencia, o la del Congreso, que no ha podido acabar por la convocatoria adelantada de elecciones generales.
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Para las responsabilidades judiciales, la jueza de Catarroja Nuria Ruiz Tobarra dirige una compleja causa penal que suma ya 71 tomos, cuenta con dos investigados -la exconsellera Salomé Pradas y su ex número 2, Emilio Argüeso- y ha tomado declaración a 690 personas, pero todavía queda lejos el momento de llegar al juicio oral.
El impacto de esta dana fue tal que se vivió como un trauma colectivo en las zonas afectadas, donde miles de personas perdieron de la noche a la mañana todo y las familias de los 233 fallecidos siguen en el duelo, incluidas las de los dos cuyos cuerpos aún no han aparecido: Elisabeth Gil, de 37 años, y Francisco Ruiz, de 64.
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Las asociaciones de víctimas y afectados de la dana de 2024, creadas para reivindicar "justicia, verdad y reparación", se han convertido también en una forma de cuidarse entre quienes vivieron en primera persona una tragedia que les ha volteado la vida, y cada mes salen a la calle para reclamar responsabilidades y que Mazón vaya a prisión.
Consideran que en estos dos años se ha mejorado bastante en las alertas a la población -aquel ES-Alert de hace dos años, cuando era una herramienta casi desconocida, ha dado paso a varios en episodios posteriores-, en la anticipación, en la prevención y en la coordinación entre instituciones, como se ha evidenciado en la dana Adam de este mes. EFE
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(Recursos de archivo en EFEServicios: 8022375983, 8022375830)
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