El plan de recuperación deja avances en empleo y un deterioro en el acceso a la vivienda

Madrid, 27 oct (EFE).- La reducción de la temporalidad en el sector privado y la FP dual presentan el balance más favorable del plan de recuperación, frente a la vivienda -que cada vez es más inaccesible- y al sistema de pensiones, que gana protección pero a costa de una presión creciente sobre el gasto público.

Estas son algunas de las conclusiones del informe "Valorando las reformas del Plan de Recuperación: avances parciales y crecientes desequilibrios pendientes. Educación, empleo, vivienda y pensiones", publicado este martes y elaborado por expertos de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) y de EY Insights.

Del total asignado, España ha perdido 198 millones por no cumplir el hito de la fiscalidad del diésel y tiene otros 1.164 millones en riesgo, de ellos 626,6 millones corresponden a la reducción de la temporalidad en el empleo público y otros 537 millones a tres objetivos de inversión que la Comisión no ha dado por cumplidos.

Además, quedan unos 22.900 millones por recibir a la espera de la evaluación por la Comisión de la última solicitud del Gobierno de España, según el informe firmado por los investigadores Judith Arnal, Ángel de la Fuente y Juan Pablo Riesgo.

El plan, que concluye este año, se ha modificado nueve veces y la condicionalidad ha sido "menos exigente de lo que prometía el diseño", ya que en general los hitos se han dado por cumplidos "sin evaluar en la mayoría de los casos su diseño económico, su aplicación ni sus resultados".

El documento detalla que la temporalidad privada ha caído a la mitad, del 25,7 al 12,3 %, pero la mejora de la estabilidad efectiva ha sido mucho menor, mientras que la temporalidad pública sigue en el 27,3 %, con su hito europeo sin cumplir.

El desempleo se ha reducido, aunque continúa por encima de la media de la UE, mientras que la Ley de Empleo no fija los medios necesarios para implementar las mejoras ni establece criterios operativos de empleabilidad, al tiempo que "la subida de cotizaciones de la reforma de pensiones encarece el empleo".

Respecto al ámbito de la educación, presenta un balance mixto, con el aprendizaje como principal problema, ya que la LOMLOE "ha rebajado las exigencias de promoción y titulación y el aprendizaje ha empeorado", al tiempo que el abandono temprano ha bajado hasta el 12,8 %, todavía por encima de la media de la UE (9,1 %).

La FP es la reforma educativa con más respaldo, ya que responde a una estrategia clara y de éxito probado en otros países, aunque "la incógnita es la calidad de las estancias en empresas" y un dato que debe atenderse es que la inserción de la FP media sigue 11,4 puntos por debajo de la europea, añaden.

El informe apunta a que los precios suben un 12,1 % interanual en el segundo trimestre de 2026 (frente al 4,7 % en la UE) con un déficit acumulado de unas 750.000 viviendas y la emancipación que llega a los 30,2 años.

En este contexto, los expertos explican que la ley 12/2023 por el derecho a la vivienda "interviene las rentas cuando el problema es de oferta" y señalan que se espera una mayor reducción de la oferta tras las normas de octubre de 2026, que refuerzan la intervención en materia de precios (tope del 2 % a las actualizaciones), duración y prórroga de los contratos.

Frente a ello, las medidas "potencialmente útiles" para incrementar la oferta son modestas y se introducen medidas importantes de apoyo a la demanda, que en ausencia de mayor oferta redundará en nuevos incrementos de precios.

Sobre las pensiones, remarcan que la reforma garantiza el poder adquisitivo de las pensiones, pero no resuelve su financiación a largo plazo, teniendo en cuenta que los ingresos adicionales previstos son insuficientes ante el aumento proyectado del gasto.

De cara al futuro, el informe apuesta por reformas que cambien resultados: competencias básicas, calidad de la FP dual, gobernanza universitaria, medios y evaluación en los servicios de empleo, oferta de vivienda y un equilibrio entre la cuantía de las pensiones y otras prioridades de gasto. EFE