Zamora, 22 oct (EFE).- La Sociedad Española de Psiquiatría Clínica (SEPC) ha criticado este jueves la nueva ley de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social por la "inseguridad jurídica" que genera en los ingresos de personas con un trastorno mental grave en contra de su voluntad.
El secretario general de la SEPC y psiquiatra del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, Alfredo Calcedo, ha asegurado en una rueda de prensa en Zamora, donde la Sociedad celebra un congreso nacional, que los profesionales de la Psiquiatría están "muy molestos" con la nueva legislación.
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Ha definido esta normativa como un "auténtico pastiche de enmiendas", muchas de ellas "inconexas y que entran en contradicción" con otras legislaciones, por lo que hay "dos leyes que dicen cosas contrarias".
Pese a ello, Calcedo ha asegurado que necesario ver cómo los jueces interpretan la ley, pero ha apostillado que "van a intentar funcionar como hasta ahora, pero introduciendo algunos elementos adicionales".
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Entre estos elementos figurará el informar al paciente de los derechos que tiene e incluir en la historia clínica la mención a que se le ha informado de esos derechos y se ha intentado previamente que el ingreso fuera voluntario.
Los responsables de la SEPC también se han referido a la propuesta de altas laborales progresivas tras una baja en el puesto de trabajo, para que se extienda también a las personas con enfermedad mental.
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Han remarcado que la evidencia científica respalda esa reincorporación gradual al trabajo en los casos de pacientes con ansiedad y depresión leve o moderada y han instado al Gobierno a que reconsidere la exclusión de los problemas de salud mental de esa propuesta.
Según sus cifras, este tipo de bajas se han multiplicado por 2,4 en entre 2016 y 2024, al pasar de 283.000 a 671.000 solicitudes, con una duración promedio de entre 68 y 98,5 días.
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Los responsables de la SEPC han achacado estas cifras a la "pésima gestión" del Instituto Nacional de la Seguridad Social en el control de las bajas de más de un año de duración, cuando son los médicos inspectores del INSS los que intervienen. EFE
aff/fsm/jdm
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