Aguirre se desliga de la adjudicación de las obras para un campo de golf en el Canal de Isabel II

La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre ha declarado como testigo en el juicio de la Audiencia Nacional por el 'caso Lezo' que no participó en la adjudicación de dos contratos públicos del Canal de Isabel II vinculados con una cancha de prácticas de golf en el ente público.

Aguirre se ha desligado en su declaración este jueves de las presuntas irregularidades en las adjudicaciones de dichos contratos que, según las acusaciones, pudieron beneficiar a familiares de su sucesor en el cargo, Ignacio González, acusado en este juicio.

Además de González, están acusados el director gerente de Canal de Isabel II entre 2003 y 2009, Ildefonso de Miguel, y los socios de la empresa TCT, receptora de las adjudicaciones presuntamente fraudulentas, José Antonio Clemente, Pablo Manuel González y Juan José Caballero, estos dos últimos hermano y cuñado del expresidente de la Comunidad de Madrid.

La exdirigente 'popular' ha aseverado que la idea de construir una cancha de prácticas de golf en las inmediaciones del Canal fue "enteramente" suya, pero ha precisado que no tuvo ningún tipo de intervención en la adjudicación de las obras, ya que aunque "el Canal era propiedad de la Comunidad de Madrid, la gestión la llevaba el consejo de administración" del ente.

Aguirre ha explicado que la idea le surgió tras un viaje a Tokio en 1978, cuando era funcionaria del Ministerio de Turismo, en el que le "sorprendió mucho" ver "que había dentro de la ciudad muchos lugares con cancha de prácticas" de golf.

La exdirigente del PP ha afirmado que consideró que era "buena idea" construir una cancha así en el espacio del Canal de Isabel II en el distrito madrileño de Chamberí, que "prácticamente no tiene parques ni tiene zonas deportivas, en vez de un helipuerto, que era lo que era".

Asimismo, ha señalado que González y De Miguel "nunca" le comunicaron pormenores sobre dichas obras y ha precisado que con su sucesor ha tenido "una relación larguísima en el Ayuntamiento de Madrid primero y en el Ministerio de Educación después".

Cuando González, quien había sido su 'número dos' durante sus años al frente de la Comunidad de Madrid, entre 2003 y 2012, entró en prisión en 2017, Aguirre dimitió como portavoz y concejala en el Ayuntamiento de Madrid.

"Yo dimití por responsabilidad política", ha objetado Aguirre, que ha detallado que cuando le anunciaron que "un juez había metido en la cárcel, en prisión provisional", a González, a quien le sigue dando "la presunción de inocencia", consideró que dicha medida contra "un político, se supone que tiene indicios muy fundados para pensar que puede haber cometido irregularidades penales", ha explicado.