Ordóñez: ETA dejó de matar pero sigue vigente la ley del silencio para facilitar el olvido

San Sebastián, 17 oct (EFE).- La presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), Consuelo Ordóñez, ha denunciado que, a pesar de que ETA "dejó de matar" hace 15 años, "sigue vigente la ley del silencio" que "facilita el olvido y perpetúa la impunidad", y también las víctimas siguen "pagando las consecuencias de aquel final negociado".

Ordóñez ha hecho esta alusión al 15 aniversario del cese de la actividad terrorista, que se cumplirá este 20 de octubre, en el acto de entrega, en San Sebastián, del XXV Premio Internacional Covite, que reconoce a personas y entidades destacadas en la lucha contra el terrorismo y que este año ha recaído en la Jefatura de Información de la Guardia Civil.

El máximo responsable del servicio central de información en Madrid, el general Luis Peláez, y Esther Salgueiro, hija del guardia civil Aurelio Salgueiro, que era jefe de este departamento en Arrasate (Gipuzkoa) cuando fue asesinado por ETA en 1978, han intervenido en el acto, al que han asistido otros mandos del instituto armado, víctimas y cargos públicos y políticos del PSE/EE, PP y Vox.

La delegada del Gobierno en Euskadi, Marisol Garmendia, ha estado también en el evento, en el que la presidenta de Covite ha recordado que "ETA ya no mata" pero su "mundo" no desapareció en 2011.

Aún se organizan movilizaciones por sus presos y "sigue vigente la ley del silencio, que facilita el olvido y perpetúa la impunidad", ha dicho Ordóñez, quien ha advertido de que "hay antiguos miembros de ETA, colaboradores y personas del entorno que saben quién dio una orden, facilitó una información o señaló a una víctima, pero continúan callados".

"Esa negativa a colaborar con la justicia -ha dicho- priva a muchas familias de una reparación tan elemental como conocer la verdad sobre el asesinato de sus seres queridos".

Sobre el final de la banda, ha subrayado que no fue por "reflexión ética" sino porque las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad "habían conseguido cercarla".

Ha condenado "el intento de la izquierda abertzale de apropiarse propagandísticamente de aquel desenlace y presentarse como artífice de la paz", cuando "ETA llegó profundamente asfixiada".

Ordóñez ha abogado por "devolver el protagonismo del final de ETA a quienes verdaderamente lo hicieron posible", que no fueron los que "jalearon a los terroristas, los protegieron o todavía les llaman presos políticos", sino "quienes se enfrentaron a ellos, protegieron a sus posibles víctimas y defendieron la democracia jugándose la vida".

Tras recordar que la Guardia Civil fue "la institución más castigada" por la banda, que según ha remarcado asesinó a 210 agentes, ha insistido en que el cese de la actividad terrorista en 2011 y la disolución anunciada en 2018 "no fue el único final posible ni el que merecían las víctimas y el conjunto de la sociedad".

"El Estado había avanzado decisivamente hacia la desarticulación operativa de ETA. Si se hubiera seguido por ese camino, su derrota podría haber sido total", ha considerado Ordóñez, que ha afirmado que sin embargo "el poder político optó por negociar con la propia ETA las condiciones del final".

Ha recalcado que aquella decisión "trajo consigo importantes concesiones", entre ellas "la escenificación de un final sin vencedores ni vencidos", y ha denunciado que "ese relato falsea lo ocurrido y causa un profundo daño a las víctimas, porque las humilla y permite a quienes justificaron sus asesinatos presentarse ahora como los artífices de la paz".

Ordóñez ha contrapuesto "la política penitenciaria fraudulenta del Gobierno Vasco" a la labor que continúa desarrollando la unidad de información de la Guardia Civil para "esclarecer los crímenes de ETA que permanecen impunes" y mantener su "compromiso con la verdad, la justicia y los derechos de las víctimas".

A este asunto se ha referido tras recoger el premio el general Peláez, que ha asegurado que desde 2012 la jefatura ha elaborado expedientes de investigación sobre 180 atentados de ETA, con procesamientos judiciales en 70 casos.

Se ha comprometido finalmente a "no dejar de contribuir a que se conozca la verdad sobre crímenes que aún son una incógnita", por "el derecho de las víctimas" a conocer lo ocurrido y para que "se depuren todas las responsabilidades". EFE

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