
La Policía Nacional ha detenido a dos adolescentes, de 16 y 17 años, acusados de la muerte de una mujer de 83 años en Burgos. Según ha informado EFE, encontraron a la víctima muerta el martes en su domicilio, amordazada y atada de manos. La investigación apunta a que los menores entraron en la vivienda con el objetivo de robar. De hecho, los agentes han recuperado varias joyas de oro que habían sido sustraídas del domicilio. La autopsia determinó que la mujer murió por insuficiencia respiratoria, ya que la inmovilización y la mordaza le impidieron utilizar el equipo de oxígeno que necesitaba a diario. El cuerpo no tenía otras lesiones ni signos de violencia.
Según Europa Press, la Policía ha investigado el caso como un homicidio desde el primer momento y ha situado el robo como la principal líneas de investigación, sin descartar otros posibles móviles. La inspección del domicilio ha revelado un notable desorden, sobre todo en las dependencias donde habitualmente se guardan dinero, joyas y otros objetos de valor. El asalto y la muerte de la mujer se produjeron durante esa misma tarde. Los agentes de Policía Judicial también han revisado imágenes de cámaras de seguridad y han realizado otras diligencias que han llevado a la identificación de los dos menores.
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Los sospechosos fueron localizados este pasado viernes por la noche y han declarado durante la madrugada. Han pasado este sábado a disposición de la Fiscalía de Guardia de Burgos, que deberá decidir si solicita su ingreso cautelar en un centro de menores. La Policía Científica analiza las muestras recogidas en la vivienda para cotejarlas con las de los detenidos.
Robo con homicidio
Cuando un robo con violencia termina con la muerte de la víctima, la calificación penal depende de cómo se hayan producido los hechos y de la intención atribuida a los investigados. El artículo 242 del Código Penal castiga el robo con violencia o intimidación con penas de entre dos y cinco años de prisión. Si ocurre en una vivienda habitada, la horquilla se eleva a entre tres años y seis meses y cinco años.
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Esa pena aumenta por la responsabilidad por la muerte. El artículo 138 establece que quien mata a otra persona comete un homicidio, castigado con entre 10 y 15 años de cárcel. Por tanto, si durante un asalto la víctima fallece como consecuencia de la violencia, la inmovilización o la imposibilidad de recibir asistencia, los hechos pueden ser investigados como un robo y un delito contra la vida. La acusación puede variar si se acredita que la muerte se produjo para facilitar el robo o para evitar que se descubriera. En ese supuesto, el Código Penal contempla la figura del asesinato, con penas de entre 15 y 25 años de prisión.
Al tener 16 y 17 años, no se les aplica el régimen de penas previsto para adultos, sino la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal de los Menores. El procedimiento lo dirige la Fiscalía de Menores y la decisión sobre las medidas corresponde a un juez de menores. En un caso investigado como homicidio, el artículo 10 de esa ley prevé para quienes tenían 16 o 17 años en el momento de los hechos una medida de internamiento en régimen cerrado de entre uno y ocho años. El juez puede añadir después libertad vigilada con asistencia educativa durante un máximo de cinco años.
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