Los decretos para bajar las ratios de Infantil y frenar la FP privada siguen en el aire

Madrid, 14 oct (EFE).- Los decretos para bajar las ratios en las etapas de Infantil y el que frena la Formación Profesional (FP) online en los centros privados siguen en el aire; pendientes de aprobación por el Consejo de Ministros después de que la ley más esperada por el profesorado, la que disminuía su jornada lectiva y el número de alumnos por clase en Primaria y Secundaria, se haya caído por el adelanto electoral.

La disolución de las Cortes ha dejado en suspenso la ley de ratios que situaba un máximo de 22 alumnos para Primaria y de 25 en Secundaria, además de que reducía la jornada docente y el alumnado con necesidades educativas especiales se contabilizaba como doble plaza.

La esperada Legislatura del profesorado y el Estatuto Docente, prometido por Gobierno se aleja y el malestar del profesorado se hace sentir en las calles.

Sin embargo, hay varios reales decretos que no necesitan pasar por el Parlamento y que podrían ser aprobados antes del 29 de noviembre.

Uno de ellos es que eleva las exigencias en la Formación Profesional y frena la modalidad online, extendida sobre todo en los centros privados. El borrador de esta norma llega a la Comisión Permanente del Consejo Escolar del Estado (CEE) el 20 de octubre.

Si acelera su tramitación en los órganos consultivos y en Consejo de Estado, podría llegar al Consejo de Ministros antes de los comicios.

De ser así, esta norma se sumaría a cuatro reales decretos sobre FP aprobados en 2024 y que concluyeron en esta Legislatura con la implantación de la Formación Profesional dual.

Otro decreto que también podría salir es el de las educadoras infantiles: que sitúa un máximo de 4 bebés en las aulas de menores de un año, 6 en las de uno a dos años y 8 en las clases de dos a tres años. También establece 20 alumnos por educadora en el ciclo de 3 a 6 años para el curso 2029-2030.

No obstante, esta norma, que contempla bajar ratios en el Bachillerato, aún está pendiente de remitirse a los órganos de consulta.

En el mismo punto está el real decreto que permitirá que las lenguas no oficiales, como el asturiano o el aragonés, puedan ser especialidad docente y lo que sí quedará previsiblemente en el cajón será el Plan Estratégico de Inclusión Educativa, rechazado por las comunidades autónomas del PP.

La ley de Enseñanzas Artísticas y Superiores ha sido la única de carácter educativo aprobada por las Cortes, después de que en mayo de 2024 fuera aprobada definitivamente por todo el Congreso, salvo con la abstención de Vox.

Sin embargo, esta ley que equipara por primera vez las Enseñanzas Artísticas a las universitarias y crea nuevos títulos como la Escritura Creativa, las Artes Audiovisuales y el Circo, estará plenamente en vigor en 2027.

Y es que el próximo año, un nuevo Gobierno, debería aprobar la creación de los cuatro nuevos cuerpos docentes que contempla la ley, así como los procedimientos de expedición de títulos, las condiciones para la creación de centros o el Estatuto Básico del Estudiante.

Otro varapalo para el Gobierno ha sido la anulación del decreto que frenaba la creación de nuevas universidades privadas por parte del Tribunal Supremo, aunque el Ministerio trabaja en una nueva norma similar para aprobarla "cuanto antes".

También está pendiente de Consejo de Ministros el decreto que reparte casi 45 millones para que seis universidades y el Ayuntamiento de Lleida puedan construir alojamientos universitarios a precios asequibles.

Igualmente, el Estatuto del Estudiantado Universitario, que facilita la compatibilidad de los estudios con la actividad laboral y obliga a las universidades a dar apoyo psicológico a su alumnado, así como el decreto de homologación de títulos de sistemas educativos extranjeros, que ha cerrado ya su trámite de consulta pública.

En el mismo sentido, la convocatoria de los sexenios de transferencia de conocimiento y el plazo para solicitar las becas Luisa Medrano, de movilidad nacional, siguen pendientes de aprobación, mientras que la futura ley que elevaría las exigencias para ofertar grados y másteres, se ha quedado en anuncio.

Por otra parte, el plan de relanzamiento de la UNED 2026-2029 que contempla 90 millones hasta 2029 y 20.000 nuevas plazas en total se aprobó por orden ministerial y no es necesario aprobarlo cada año. EFE