Bolaños dice que son los afectados por la 'ley de nietos' quienes deben recurrir pero ve poco margen antes del 29N

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha dicho que la Abogacía del Estado ha hecho "todo lo que podía hacer" ante la decisión del Tribunal Supremo de mantener la suspensión temporal del voto a los nacionalizados por la llamada 'ley de nietos' y considera que son los propios afectados los que deberían recurrir a la Justicia, cerrando la puerta a que sea el Gobierno quien presente un recurso al Tribunal Constitucional.

Así, considera que hay poco margen para que esos 160.000 ciudadanos puedan votar en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre. "Quedan muy pocos días y los plazos de la ley electoral son muy rápidos" ha indicado en una entrevista en el programa 'Al Rojo Vivo' de la Sexta, recogida por Europa Press.

Bolaños asegura que la Abogacía del Estado "estudió alternativas" e hizo "todo lo que podía hacer", pero ahora son los propios afectados quienes deben tomar la iniciativa. "Quien tiene que activar las acciones legales que le correspondan son los propios interesados, es decir, las personas que se han quedado sin el derecho a voto", ha señalado.

Esta misma semana el Tribunal Supremo rechazó el recurso del Gobierno y mantuvo la suspensión temporal del voto a los nacionalizados en virtud de esta disposición adicional de la Ley de Memoria Democrática a menos que acrediten que son descendientes de exiliados y por tanto no podrán participar en las generales del 29 de noviembre.

"RECORTE MASIVO" DE DERECHOS

Este miércoles, Bolaños también ha cargado contra el PP de Alberto Núñez Feijóo --que aplaudió la decisión del Supremo-- y considera que están poniendo en duda el sistema electoral español que es "absolutamente acreditado y ejemplar".

A su juicio se trata de "un recorte masivo de derechos" que ha sido "instigado" por Vox y que el PP "aplaude", dice, porque los 'populares' "abrazan los postulados de la ultraderecha".

El PP considera que la limpieza de las elecciones estaba en peligro y el censo puede estar contaminado por una instrucción del Ministerio dirigido por Bolaños que no exige demostrar que la persona nacionalizada es descendiente de un exiliado.

Bolaños rechaza estas críticas y dice que se trata de una instrucción "del año 2008" tras la aprobación de la Ley de Memoria Histórica en 2007, y que aplicó el Gobierno de Mariano Rajoy (PP), copiada después en la Ley de Memoria Democrática de 2022. "Lo que están diciendo no tiene ninguna base, no hay por dónde cogerlo", dice.