Piden tres años y medio de prisión por extorsionar a un hombre con imágenes sexuales obtenidas por videoconferencia

El Juzgado de Lugo ha acogido este martes la vista preliminar contra un hombre de nacionalidad marfileña, de 27 años y sin antecedentes penales, acusado de extorsionar a otro con la difusión de unas imágenes de contenido sexual obtenidas durante una videollamada.

La Fiscalía solicita para él tres años y seis meses de prisión por un delito de extorsión o, como alternativa, una condena de dos años de prisión y una multa de 4.000 euros por un delito de blanqueo de capitales por imprudencia grave.

Según el escrito de acusación, los hechos se remontan al 2 de febrero de 2023, cuando el procesado habría contactado con la víctima a través de Instagram, utilizando una identidad falsa.

Tras varios días de conversaciones, ambos pasaron a comunicarse mediante Telegram, hasta que se realizó una videollamada en la que la víctima fue grabada sin su conocimiento mientras realizaba actos de naturaleza sexual.

La acusación sostiene que, una vez obtenidas las imágenes, el acusado o las personas con las que supuestamente actuaba exigieron a la víctima distintas cantidades de dinero bajo la amenaza de difundir las grabaciones por internet, las redes sociales y aplicaciones de mensajería, así como de enviárselas a sus familiares, amigos y conocidos.

De acuerdo con el escrito fiscal, la víctima realizó varios pagos entre el 7 de febrero y el 4 de abril de 2023, por un importe total de 3.800 euros. Las cantidades fueron enviadas a través de distintas páginas web y mediante Bizum a los contactos facilitados, según la versión de la acusación.

De forma alternativa y para apoyar el delito de blanqueo de capitales, el Ministerio Público plantea que el acusado se habría puesto de acuerdo con personas no identificadas para facilitarles los datos de su teléfono móvil y de su cuenta bancaria, con el fin de recibir transferencias de origen presuntamente ilícito, retirar posteriormente el dinero en efectivo y entregárselo a esas personas. En esta segunda hipótesis, varios de los pagos efectuados por la víctima habrían llegado directamente al acusado.

La Fiscalía considera que los hechos podrían constituir un delito de extorsión, castigado con tres años y seis meses de prisión, o, en su caso, un delito de blanqueo de capitales por imprudencia grave, para el que solicita dos años de cárcel y una multa de 4.000 euros. En ambos casos reclama también la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo y el pago de las costas judiciales.

Además, el Ministerio Público solicita que el acusado indemnice a la víctima con 3.800 euros, correspondientes al dinero entregado, más los intereses legales.

El juicio ha quedado fijado para el mes de marzo, donde el acusado, que actualmente está residiendo en Toledo y que no ha querido aceptar ningún acuerdo con la acusación en esta vista previa, declarará por videoconferencia con un traductor, porque no habla castellano.