Aragón, laboratorio de centros de datos, pone a prueba el retorno de grandes inversiones

Isabel Poncela Laborda

Zaragoza, 11 oct (EFE).- Aragón se ha convertido en el gran laboratorio español de los centros de datos de inversiones milmillonarias, capaces de transformar el tejido productivo pero también de anticipar los interrogantes de una industria que necesita enormes cantidades de electricidad, suelo y agua y cuya aportación al empleo y al territorio empieza a cuestionarse desde diferentes ámbitos.

La prueba llega, además, cuando las reglas están a punto de cambiar. El Gobierno de España mantiene en tramitación un real decreto que condicionará el acceso a la red eléctrica de los nuevos grandes centros de datos con requisitos de eficiencia, consumo de agua y utilización de energías renovables, una norma que pretende aprobar a finales de octubre o principios de noviembre y que ha encontrado la oposición del sector y del Gobierno de Aragón.

El plazo de presentación de alegaciones concluyó el 10 de septiembre, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ya ha emitido su dictamen y el Ministerio para la Transición Ecológica debe ahora incorporar las modificaciones que considere oportunas y después debería someterse el texto al dictamen del Consejo de Estado.

La convocatoria electoral no paraliza automáticamente su aprobación, ya que se trata de un real decreto que no necesita pasar por la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados y que puede aprobar directamente el Consejo de Ministros, aunque tendría que hacerlo preferentemente antes de las elecciones porque tras el 29N el Gobierno pasaría a estar en funciones, con competencias limitadas, y, en ese escenario, la aprobación del real decreto exigiría justificar razones de urgencia o de interés general.

El borrador establece que, mientras las renovables no superen el 90 % del mix eléctrico español, los centros de al menos 1 MW deberán acreditar que como mínimo el 80 % de la electricidad que consuman cada hora esté respaldada por energía renovable generada en esa misma hora. Además, por cada nuevo megavatio de consumo deberá incorporarse nueva generación renovable, mediante autoconsumo o contratos a plazo, procedente de instalaciones puestas en servicio en los 18 meses anteriores.

La regulación llega cuando Aragón ha pasado en apenas cuatro años de albergar los tres centros originales de Amazon Web Services (AWS), operativos desde 2022 en Huesca, Villanueva de Gállego y El Burgo de Ebro, a concentrar proyectos de grandes grupos tecnológicos y financieros.

Solo AWS ha elevado a 33.700 millones de euros su programa de inversión en Aragón hasta 2035. El expediente de los tres campus de Microsoft supera los 5.300 millones en urbanización y construcción y QTS-Blackstone cifra ahora en hasta 13.471 millones el complejo Rhodes de Calatorao.

A ellos se suman los 12.000 millones de Merlin y Forestalia en los centros de Alfamén, Magallón y Botorrita, 3.200 millones anunciados por Vantage, los 2.627 millones de Green IT Aragón de SAMCA, unos 2.360 millones de Tillion, los 1.254 de Benbros Energy y los 3.900 millones previstos por Box2Bit en Épila.

Aragón, según el Informe Económico 2025 impulsado por la Cámara de Comercio de Zaragoza e Ibercaja y elaborado por Auren, es el tercer territorio español con mayor inversión extranjera por detrás de Madrid y Cataluña. Con el 10 % del territorio estatal, la comunidad aglutina apenas el 3 % de su población.

La abundancia de renovables ha sido uno de los factores que han favorecido la llegada de estos proyectos. Aragón produjo en 2025 un total de 18.531 gigavatios hora (GWh) de electricidad renovable, el 82,4 % de toda su generación, frente a una demanda eléctrica de 10.659 GWh, según Red Eléctrica.

Pero producir mucha electricidad no significa disponer de capacidad ilimitada para conectar nuevos grandes consumidores. Los futuros centros de datos aragoneses tienen concedidos más de 2.400 MW de acceso a la red de transporte todavía sin poner en servicio, según el mapa publicado el 1 de octubre por Red Eléctrica.

En toda España, los centros de datos tienen otorgados 6.329 MW en esa red, el 34,2 % de toda la capacidad concedida a nuevas demandas, mientras que solo algo más del 35 % de sus nudos dispone actualmente de capacidad firme adicional.

El otro gran interrogante económico es el empleo. Los centros movilizan importantes plantillas durante años de construcción, pero requieren muchas menos personas cuando entran en funcionamiento.

Rhodes prevé alrededor de 1.200 empleos directos durante las obras y hasta 200 en explotación. Microsoft calcula unos 900 puestos estables cuando estén completos sus tres campus y Green IT Aragón ha anunciado hasta 2.300 trabajadores durante la construcción frente a unos 320 durante la operación.

El debate es si su impacto debe medirse solo por el empleo directo o también por el volumen de inversión, la construcción, los proveedores, la fiscalidad, la actividad tecnológica inducida y su capacidad para atraer otras empresas.

También ha empezado a cobrar importancia el retorno fiscal y territorial. Los municipios que albergan estas infraestructuras aspiran a beneficiarse de los impuestos, la actividad económica y las oportunidades asociadas a las obras y a su funcionamiento.

La tributación de AWS ha abierto precisamente ese debate en Villanueva de Gállego y El Burgo de Ebro, cuyos ayuntamientos han reclamado que el impuesto sobre actividades económicas generado por los centros revierta en los municipios que albergan las instalaciones.

A la discusión económica se añade la territorial. Ecologistas en Acción y plataformas como No Centros de Datos Aragón cuestionan el consumo de agua y electricidad, la ocupación de suelo y las nuevas infraestructuras energéticas asociadas a unos complejos cuya huella física contrasta con la imagen inmaterial de la economía digital.

La polémica sobre el decreto resume buena parte de esas tensiones. El Gobierno central defiende que la elevada demanda permite ordenar el acceso a una red limitada y seleccionar los proyectos con mayor retorno económico y social y menor impacto ambiental, mientras las empresas y el Ejecutivo aragonés temen que unas exigencias demasiado estrictas resten competitividad a España y comprometan inversiones ya avanzadas.

Aragón se encuentra así ante una prueba que trasciende sus fronteras. Ha logrado atraer inversiones de una escala inédita vinculadas a una infraestructura esencial para la inteligencia artificial y la digitalización, pero todavía hay que comprobar cuántos proyectos acabarán funcionando, qué actividad estable generarán, cuánto de su riqueza quedará en el territorio y si el sistema eléctrico podrá absorber su crecimiento bajo las nuevas reglas.

Lo que ocurra en Aragón ayudará a responder a una cuestión que comienza a plantearse en toda España: cuál es el verdadero retorno económico y social de dedicar grandes inversiones, suelo y una parte creciente de la capacidad eléctrica a la realmente intangible industria del dato. EFE

(Recursos de archivo en EFEservicios: 8022058197)