El Tribunal de Cuentas traslada a Enjuiciamiento la denuncia del PSOE por la compra del ático de Chamberí

El Tribunal de Cuentas ha dado traslado a su Sección de Enjuiciamiento de la acción pública presentada por el PSOE para exigir responsabilidades contables por la operación realizada por la empresa pública Planifica Madrid en relación con la adquisición y posterior enajenación del ático situado en el Paseo del General Martínez Campos de Chamberí.

Así consta en un escrito de la Secretaría General del Tribunal de Cuentas, al que tuvo acceso Europa Press, en el que se informa de que el pasado 30 de septiembre se recibió la documentación presentada por el PSOE en ejercicio de una acción pública para exigir a la Comunidad de Madrid responsabilidad contable por esta operación.

El escrito precisa que la documentación ha sido remitida a la Sección de Enjuiciamiento "para que, si procede, se les dé la tramitación prevista en los artículos 56 y concordantes" de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas.

La iniciativa parte del PSOE tras denunciar ante el órgano fiscalizador la operación relacionada con el inmueble. El PSOE reclamó al Tribunal de Cuentas que investigara la compra por parte de la Comunidad de Madrid del ático en Chamberí por 6,3 millones de euros, al considerar que podía existir un presunto "perjuicio patrimonial".

Al respecto, la secretaria de Organización del PSOE-M, Pilar Sánchez Acera, ha subrayado que "sigue adelante la investigación sobre el ático de la señora Ayuso". "Ya está bien que sean los madrileños quienes con su dinero, dinero público, le estén pagando los aticazos a la señora Ayuso, sus viajes, todos sus disfraces, todos sus caprichos y todas estas presuntas ilegalidades que estamos denunciando", ha aseverado.

DENUNCIA DEL PSOE

Entre las cuestiones que planteó el PSOE, figura la necesidad de identificar quién impulsó la operación y cuál fue la "necesidad concreta" que justificó la adquisición.

En su denuncia, los socialistas pidieron esclarecer cómo se fraguó la operación y, en particular, si existió un acuerdo específico del consejo de administración de Planifica Madrid para aprobar la selección del inmueble, el precio, las arras y la inversión, así como qué controles presupuestarios, técnicos y jurídicos eran exigibles y si llegaron a activarse.

El PSOE sostuvo además que en la documentación remitida por la Comunidad no figuraban un acuerdo específico del consejo de administración relativo a la compra, un expediente previo que acreditara la necesidad de adquirir el inmueble ni un expediente específico de control presupuestario o fiscalización de la operación.