Madrid, 30 sep (EFE).- Un interventor del Estado ha declarado como perito en el primer juicio del caso de corrupción Lezo relacionado con el PP que los implicados en la trama pusieron en riesgo a Canal de Isabel II con la operación de inversión de esta empresa pública madrileña en Colombia que aprobaron en 2001.
La Audiencia Nacional ha reanudado este miércoles la vista, en la que se sientan en el banquillo 19 acusados, entre ellos Pedro Calvo Poch y Juan Bravo Rivera, exconsejeros del Gobierno de la Comunidad de Madrid que presidió Alberto Ruiz-Gallardón y que en 2001 formaban parte del Consejo de Administración de Canal de Isabel II -el primero como presidente de esta entidad- junto con otros nueve procesados.
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También son juzgados tres excargos del Canal de Isabel II y otros que la Fiscalía relaciona con Aguas de Barcelona SA (AGBAR), que junto a los anteriores se enfrentan a peticiones de la Fiscalía Anticorrupción de entre seis y siete años de prisión por un supuesto delito de malversación de caudales públicos.
La fiscal mantiene en sus conclusiones provisionales que en el marco del plan de expansión internacional aprobado por Canal de Isabel II el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid otorgó el 29 de noviembre de 2001 autorización a esta empresa pública para adquirir el 75 por ciento de la colombiana Interamericana de Aguas y Servicios S.A. (INASSA) por 73 millones de dólares.
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Añade que "contrariamente a lo autorizado" se hizo de manera indirecta, pues lo que realmente se compró fue la panameña Aguas de América S.A. (SAA), entre cuyos activos se encontraba el 75 por ciento de INASSA y el 51 por ciento de la sociedad dominicana WATCO S.A..
La fiscal explica que ello provocó un "sobreprecio indebido" de entre 19.066.500 y 29.013.109 euros con cargo a fondos públicos, sin motivo alguno que lo justificase y "en beneficio exclusivo de los vendedores".
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Este miércoles ha declarado un perito de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) que ha ratificado las conclusiones del informe que elaboró sobre la operación objeto del juicio.
En las mismas señala que los resúmenes elevados al Consejo de Administración de Canal de Isabel II de 14 de noviembre de 2001 que aprobó la operación no incluían los aspectos problemáticos de las inversiones en Colombia.
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El perito de la IGAE ha manifestado que en la documentación sí figuraba un informe de la oficina comercial que citaba una serie de problemas en estas inversiones y el riesgo que había tenido alguna empresa española.
Entre dichos problemas ha destacado que "los gestores tenían siempre miedo a lo que pudiera decir la Contraloría General de Colombia (máximo órgano de control fiscal del Estado colombiano), con lo cual había poca flexibilidad".
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Ha añadido que en la presentación que se realizó de la operación en dicha reunión del Consejo de Administración de Canal de Isabel II dijeron además que se compraba WATCO y que valía unos dos millones y medio de dólares pero sin aportar documentación.
También ha declarado este miércoles, en este caso como testigo de las defensas, Germán S.H., que en la época de los hechos fue director jurídico, secretario general y representante legal suplente de INASSA.
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Germán S.H. ha sido preguntado si escuchó o conoció de alguna manera que en la operación se hubiera pagado algún tipo de comisión a lo que ha contestado. "No me consta, nunca he oído eso".
El testigo ha considerado que la inversión de Canal de Isabel II en INASSA fue buena.
En este sentido ha recordado que en 2016 firmó un certificado en el que hizo constar que el dinero transferido desde INASSA a Canal Extensia -la sociedad constituida por Canal de Isabel II para su inversión en Colombia- por asistencia técnica, dividendos y comercialización del software ascendía a 88 millones de dólares.
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Igualmente ha negado que los socios colombianos participantes en esta operación le dijeran que en la misma hubo un sobreprecio: "No, ellos siempre consideraron que fue un precio justo", ha mantenido.EFE
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