Tres empresarios y un ingeniero, condenados tras pactar con Fiscalía en el juicio de la pieza catalana del 'caso Efial'

Tres empresarios y un ingeniero acusados en la pieza catalana del 'caso Efial' han sido condenados por la Audiencia Nacional tras haber llegado a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía, en el caso que juzga presuntos servicios ilícitos entre una consultora y ayuntamientos catalanes para esquivar el criterio de los funcionarios municipales y alterar procedimientos de licitación.

El presidente del tribunal ha acordado al inicio del juicio este lunes abrir uno "previo separado" contra cuatro de los acusados por sus conformidades con la Fiscalía.

Por dicho acuerdo, el empresario Josep Manel Bassols ha sido condenado a nueve meses de prisión y a una multa de 1.200 euros por un delito de cohecho, mientras que Conrad Solé, que fue gerente de Idetsa, una de las empresas señaladas, ha sido condenado a ocho meses de prisión por los delitos de prevaricación administrativa y fraude.

El empresario Oriol Mestre ha reconocido haber cometido un delito de blanqueo de capitales, por el que ha sido condenado a dos meses de prisión, que se sustituirán por una multa de 720 euros, y a otra sanción de 344.775 euros, que se sustituirá por trabajos en beneficio a la comunidad.

Además, Jaume Beltrán, quien fuera ingeniero municipal del Ayuntamiento de L'Ametlla de Mar (Tarragona), ha pactado la pena de 18 meses de prisión y una multa de 2.400 euros por los delitos de cohecho, fraude y prevaricación administrativa.

EXALCALDES IMPUTADOS

Tras dictar estas condenas, el tribunal ha dado comienzo a las cuestiones previas del juicio principal en el que están acusados varios exalcaldes de municipios de Tarragona por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos por un supuesto fraude de más de 8 millones de euros, y que continuará este miércoles.

Entre los acusados se encuentran el fundador de la consultora, Antonio Martos, así como los exalcaldes Andreu Martí, de L'Ametlla de Mar; Daniel Masagué, de Torredembarra; Josep Jaume Castellnou, de Vandells i l'Hospitalet de l'Infant, y Rafael Vidal, de Ascó.

El presunto fraude habría afectado a ayuntamientos mayoritariamente de Tarragona: L'Ametlla de Mar (4.585.746 euros), Ascó (2.023.143 euros), Tortosa (1.055.130 euros), Torredembarra (504.321 euros), Vandells (199.800 euros) y Cambrils (13.700 euros).

También habría afectado al Ayuntamiento de Barcelona (84.960 euros) y, dentro de la propia provincia barcelonesa, a los de Llinars del Valls (113.860 euros) y Masquefa (75.000 euros), así como en Lleida al de La Seu d'Urgell (76.120 euros).

CONTRADECIR A INTERVENTORES Y SECRETARIOS

La investigación del Juzgado Central de Instrucción Número 4 determinó que la consultora Efial prestó servicios a varios ayuntamientos que permitían "contradecir los previamente emitidos por parte de los órganos fiscalizadores (interventor y secretario)", lo que dio lugar presuntamente a la firma de contratos de forma ilícita.

Así, hubo una emisión "reiterada" de informes por parte de los profesionales vinculados a Efial con los que se daba "una aparente cobertura de legalidad a determinadas decisiones y resoluciones que se han mostrado contrarias a derecho", según indicó el instructor en un auto al que también tuvo acceso esta agencia de noticias.

"Blindan su actividad mediante informes encargados 'ad hoc' a profesionales en la materia, relacionados con Efial, supuestamente al objeto de favorecer a la misma directa o indirectamente, habiéndose detectado reuniones durante la investigación entre representantes de Efial y cargos y funcionarios de la administración local, concertados en un lugar concreto, supuestamente al objeto de alterar procedimientos de licitación o concurso público", detallaba.

Según el relato del juez, la consultora se integraba en el funcionamiento de los consistorios llegando "en algunos casos se les ha llegado a calificar como un ayuntamiento paralelo".

Ello supuso --indicó-- "una huida progresiva y creciente del derecho administrativo, utilizándose diversas herramientas de cara a evitar cualquier tipo de control administrativo, así como de cara a burlar las diferentes normativas que regulan el funcionamiento de las administraciones públicas".

GESTIÓN EXTERNALIZADA Para conseguir ese objetivo, la consultora habría usado como una "herramienta útil" la figura de la Entidad Pública Empresarial (EPE)", que permite una "importante relajación del control administrativo, así como un menor grado de sometimiento a la normativa sobre contratación pública".

El uso de esa figura empresarial les servía para actuar, según el juzgado, como "una sociedad interpuesta con el fin de variar el régimen jurídico de las adjudicaciones de obra y posibilitar la celebración de contratos como los concertados con Efial Consultoría".

"La EPE asume la gestión que hasta el momento venía asumiendo el Ayuntamiento (que cuenta con funcionarios de la administración para llevar a cabo las funciones asumidas por la EPE), y ante la imposibilidad de asumir las funciones encargadas, externaliza la gestión a favor de empresas privadas (como es el caso de Efial)", explicaba, para incidir en "la contratación masiva a Efial por dichos entes, contratación sujeta a multitud de irregularidades".

A su juicio, recurrían a esa figura para presuntamente "favorecer la relajación del control administrativo y rebajar el grado de sometimiento a la normativa de contratación pública de la que se beneficia tanto la propia Efial como los profesionales que ejecutan los encargos".

"En la totalidad de las EPEs hasta el momento investigadas, la participación de Efial en la creación de la estructura analizada ha venido acompañada de la adjudicación de contratos a la consultora por parte de la entidad pública, en los que se han advertido indicios de direccionamiento", indicaba.

Una estructura para "la adjudicación de contratos a favor de la empresa que la auspicia (Efial)" que era, según el juzgado, "una herramienta perfecta para la instauración de la arbitrariedad en la gestión de lo público", vulnerando la libre competencia.

El juez consideró "sin duda llamativo" que los alcaldes recurrieran a Efial pese a "las dudas suscitadas en relación con la legalidad de la actividad desarrollada" por la consultora.