Madrid, 28 sep (EFE).- La Abogacía del Estado ha reprochado a Vox que su sospecha sobre una "alteración artificial del censo" en el exterior como consecuencia de la ley de nietos pretende "cuestionar la legalidad de la previa adquisición de nacionalidad" y privar así "injustificadamente" el derecho al voto de miles de españoles.
Los servicios jurídicos del Estado han presentado un escrito de alegaciones, al que ha tenido acceso EFE, en el que se oponen al recurso del partido de Santiago Abascal ante la Sala de lo Contencioso Administrativo, contra el acuerdo de la Junta Electoral Central (JEC) que señaló que no podía acordar la no admisión del voto por correo desde el exterior porque excedía a sus competencias.
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Esta demanda va en paralelo a la presentada por Iustitia Europa que pretende anular las altas incorporadas al Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) de los ciudadanos que obtuvieron la nacionalidad por la ley de nietos, una medida que de momento el alto tribunal ha dejado cautelarmente en suspenso.
La Abogacía destaca que la demanda deriva de "una sospecha de alteración artificial del censo, pero no identifica inscripciones duplicadas, personas que no ostenten formalmente la nacionalidad española o altas practicadas sin la correspondiente comunicación registral", por tanto entiende que "su objeción no se dirige a la exactitud técnica del censo, sino a la legalidad de la previa adquisición de nacionalidad".
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Pero resulta que "en la medida que exista un acto de concesión de la nacionalidad española inscrito en el Registro Civil, la Oficina del Censo Electoral no puede simplemente considerarlas nulas ni, por ende, tratar como injustificados los movimientos censales que traen causa de ellas".
Es por ello que la Abogacía advierte que si prospera el recurso de Vox, se privará "injustificadamente y por tiempo indefinido a miles de ciudadanos españoles residentes en el extranjero de su derecho a voto, en base a la mera sospecha de que los actos administrativos individuales de concesión de la nacionalidad podrían ser nulos de pleno derecho" por una instrucción de Justicia que, "no cuestionada en su día" por Vox, también sería ahora nula de pleno derecho.
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Porque recuerda que Vox no recurrió esa instrucción sino el acuerdo de la Junta. Según la Abogacía, los nacionalizados por la ley de nietos son 369.017, de los cuales 168.896 accedieron a través de la instrucción que decía que se "presumirá" la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955.
Igualmente, arremete contra la posición del partido porque en su demanda "se aprecia un claro prejuicio ideológico" al entender que estos nuevos ciudadanos, por motivos sentimentales, van a optar mayoritariamente por opciones políticas de izquierdas en futuras convocatorias de procesos electorales en España.
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"Nada de esto se sustenta en la más mínima prueba, siquiera sea indiciaria", subrayan los servicios jurídicos del Estado. EFE
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