
Cuatro vocales de la Junta Electoral Central (JEC) han planteado la necesidad de revisar todas las inscripciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) de los últimos cuatro años para exigir a los nuevos electores una mayor justificación de su elección del municipio al que se adscriben y que determina la circunscripción electoral.
Al hilo de la polémica de la nacionalización de descendientes de exiliados por la llamada 'ley de nietos', la JEC aprobó la pasada semana una instrucción haciendo suyas las propuestas de la Oficina del Censo Electoral (OCE) para reforzar los requisitos establecidos para que el elector justifique su decisión de inscribirse en un municipio u otro.
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Pero aquella decisión no fue unánime, sino que cuatro de los 13 miembros de la JEC presentaron un voto particular discrepante al considerar que las medidas son insuficientes. Se trata de dos magistrados, Vicente Magro Servet, de la Sala Segunda y Fernando Marín Castán, ya jubilado, y de los catedráticos Javier Tajadura Tejada y Carlos Vidal Prado, ambos propuestos por el PP para formar parte de la Junta.
De entrada, estos cuatro vocales critican el informe de la Oficina del Censo porque cuenta cómo se inscriben en el CERA los electores con una última residencia en España, pero no habla de quienes acceden a la nacionalidad por la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática, "que no proceden de España ni han tenido en ella residencia alguna". "Un supuesto que no se menciona en este apartado del informe", reprochan.
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ELIGE EL ELECTOR Y NADIE COMPRUEBA
Los cuatro vocales subrayan que la Oficina del Censo ha puesto de manifiesto que, hasta ahora, el municipio de inscripción en el censo lo viene eligiendo el propio elector, que "aparentemente, no se ha exigido documentación" parea justificarlo y que la OCE se ha limitado a hacer un examen "exclusivamente formal" de la solicitud, sin hacer comprobaciones sobre el motivo de la elección de municipio.
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"Del informe de la Oficina del Censo se deduce, por tanto, que los controles que efectúa sobre la documentación remitida por las Oficinas Consulares son meramente formales y burocráticos, pero sin que nadie compruebe si el criterio de elección expresado por el interesado se encuentra debidamente justificado y acreditado, si es el que corresponde según la norma y si existe resolución debidamente motivada en la que, finalmente, se acuerde por autoridad competente el municipio de inscripción", destacan.
A su juicio, la JEC no sólo debe fijar unos criterios homogéneos a la hora de inscribir en el futuro a los nuevos electores del exterior, sino que también debería revisar lo que se ha hecho mal, las inscripciones que considera "incompletas". "El objetivo no solo es, por tanto, empezar a actuar de un modo sustancialmente diferente, y con respeto escrupuloso de la normativa, sino también revisar lo ya hecho hasta ahora, para dar certidumbre y confianza a la ciudadanía sobre la limpieza, transparencia y garantías de nuestro régimen electoral", sostienen.
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Por eso, los cuatro vocales discrepantes lamentan que la JEC haya optado por no acometer una revisión del procedimiento seguido en los últimos años, defienden la conveniencia de que la OCE cumpla su misión de revisión de oficio del censo y que examine las altas realizadas desde el censo utilizado en las últimas elecciones generales de julio de 2023, dando tres meses de plazo a los inscritos para que justifiquen su elección de municipio.
SE DEBE JUSTIFICAR EL ARRAIGO
En su opinión, la instrucción de la JEC debería aclarar con precisión cómo documentar el arraigo del ascendiente que le permite optar a la nacionalidad española y para ello "el criterio más razonable sería la fijación de la última vecindad administrativa en España".
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Si se aplicaran estas medidas, argumentan, se evitaría también "la situación de desconcierto" que actualmente se está produciendo en algunos municipios por las altas registradas en el censo electoral, algunos de los cuales, como Tres Cantos (Madrid), ni existían cuando se produjo el exilio por la guerra civil y la dictadura. Según su análisis de la evolución del censo exterior en estos años, más de la cuarta parte de los nuevos inscritos desde la ley de memoria han acabado apuntados a la circunscripción de Madrid.
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