Un exdirectivo imputado se queja de que Plus Ultra no le da información para colaborar y apunta a documentos "mendaces"

El ex consejero delegado de Plus Ultra imputado en la Audiencia Nacional, Roberto Roselli, ha trasladado al juez de la causa que su intención de colaborar con la investigación que afecta, entre otros, al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero choca con la actitud de la compañía, que se ha negado a entregarle información desde que renunció al cargo el pasado julio. No obstante, el exdirectivo ha reconocido que algunos documentos aportados a la causa que ha podido analizar "no serían auténticos y son mendaces".

Mediante un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el exCEO de la aerolínea insiste en su "firme voluntad" de cooperar con "la acción de la justicia", aportando documentación y "explicaciones" al juez José Luis Calama, ante el que declaró que la compañía pagó 530.000 euros --el 1% del rescate que le concedió el Gobierno en la pandemia-- al entorno del expresidente por supuestas gestiones.

Aunque precisa que "la información a la que ha tenido acceso es limitada", puesto que Plus Ultra "le ha denegado cualquier entrega de información aduciendo que no ostenta ya ningún cargo en la compañía".

Dicho eso, Roselli aporta copia de los reportes de gestión remitidos a la Comisión de Seguimiento de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) entre los años 2021 y 2023, que eran elaborados por la aerolínea y "no se emitían todos los meses".

El exdirectivo confirma en su escrito que la SEPI elaboraba un acta resumen de la reunión, que era enviado a la compañía para su revisión y firma, pero no ha sido "capaz de recuperar ninguna de esas actas finales, de manera que deberán ser solicitadas a Plus Ultra".

También entrega los correos electrónicos intercambiados con José Ángel Partearroyo, excargo de esa entidad pública, entre diciembre de 2020 y abril de 2022 que ha podido recuperar, entre ellos en los que se solicita la lista de acreedores con los que la aerolínea tenía "deudas relevantes que puedan beneficiarse indirectamente de la potencial concesión de apoyo público temporal".

Roselli facilitó a Partearroyo un listado de los proveedores que "recibirían el pago inmediato tras la recepción del primer tramo de ayuda de 19 millones de euros", entre ellos la petrolera venezolana PDVSA, con la que tenía una deuda "elevada" que "traía causa de las dificultades que tenía la compañía estatal de cobrar" el combustible que proporcionaba "debido a los bloqueos internacionales".

Además, adjunta contratos de los denominados "préstamos puente" que suscribió la compañía con otras que les suministraron fondos y alude a que la Fiscalía Corrupción, cuando él declaró ante el juez a principios de septiembre, advirtió de discrepancias entre la documentación aportada a través de la comisiones rogatorias y la documentación facilitada por esta parte, que acaba de ser citada.

Lo hace para señalar que, una vez analizados ambos juegos de documentos, puede confirmar que por lo que ha podido "tiene razón" el Ministerio Fiscal con su apreciación. "La conclusión es que los documentos aportados vía comisión rogatoria que se indicarán a continuación no serían auténticos", asegura, para añadir que la firma del expresidente de la compañía Julio Martínez Sola "está pegada una y otra vez, tomada de los contratos puente originales".

Y añade que "son mendaces", porque "tal firma ha sido pegada porque se está tratando de hacer ver con tales que se invirtió en el bono, cuando no fue así, no respondiendo a negocios jurídicos reales".

Roselli da también al juez documentos sobre movimientos bancarios de varios millones de euros meses después de la recepción de la ayuda con las empresas Andcapital Bank, Panacorp y Commonwelt.

EL EXPRESIDENTE RENUNCIA A CUALQUIER CONTROL

Por su parte, Martínez Sola ha seguido la misma línea que Roselli y en un escrito propio, al que también ha tenido acceso esta agencia de noticias, ha expresado la misma "firme voluntad" de colaborar con la causa judicial, haciendo suya la aportación de los movimientos bancarios de las cuentas facilitados por el que fuera CEO.

El expresidente de Plus Ultra aporta igualmente documentación, como el correo que envió en septiembre de 2020 al que era entonces secretario de Estado de Transportes, Pedro Saura, dando traslado del documento remitido a la SEPI como recordatorio de la "Solicitud de Ayuda al Fondo de Rescate de Empresas Estratégicas" presentado.

Y señala que renunció a sus cargos en el Consejo de Administración de Plus Ultra, así como al resto de funciones, si bien sigue siendo el accionista mayoritario a través de su sociedad Sky Solutions.

Al respecto, asegura que la colaboración con la investigación "ha propiciado que los representantes de la SEPI" le "exijan" a su "renuncia irrevocable a sus derechos políticos como accionista de la entidad, como condición a seguir cumpliendo con los compromisos adquiridos en el contrato de asistencia financiera suscrito".

Martínez Sola indica que, "en aras a proteger la compañía, así como a sus trabajadores, clientes y proveedores", accedió a la firma de una escritura pública que supone que "carece de control material alguno en la compañía".

El expresidente y el exCEO de la aerolínea dimitieron de sus cargos horas después de dirigir al juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Plus Ultra' sendos escritos afirmando que la aerolínea pagó "elevadas cantidades de dinero" al empresario Julio Martínez Martínez, socio de Zapatero, por la presunta mediación del exlíder socialista en la concesión del rescate de 53 millones.

Ambos indicaron que "tuvieron plena conciencia" de que Martínez Martínez y Zapatero "sí tenían la pretensión de cobrar por las gestiones a realizar, lo cual fue asumido por ambos de forma sobrevenida de salvar a la compañía, aun cuando desconociesen qué acuerdos internos pudiesen tener", una versión que mantuvieron los dos al declarar presencialmente ante Calama como investigados.

Martínez Sola y Roselli transmitieron que no "llegaron a tener una constancia fehaciente de las concretas actuaciones llevadas a cabo para influir o favorecer la concesión del rescate a Plus Ultra por parte de la SEPI", si bien admiten que "como una medida desesperada, se asumió que Plus Ultra debía contratar con Martínez Martínez para tal fin, conscientes de que tenía relación con Zapatero".