Madrid, 24 sep (EFE).- El PSOE está retomando los contactos con Junts y trata de acercar posturas para sacar adelante el real decreto de vivienda en el que trabaja desde julio y que busca que sea amplio, ambicioso y transversal y pueda tener el apoyo del Congreso de los Diputados.
Según han indicado a EFE fuentes conocedoras, por el momento no hay fecha para su aprobación, aunque desde Sumar, socio del PSOE en el Gobierno de coalición, han pedido que vaya el próximo martes al Consejo de Ministros "sí o sí" y plantean además que se lleve la expropiación de la casa de Maricarmen, la mujer de 87 años desahuciada ayer de una vivienda en el barrio madrileño de Retiro.
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El Ministerio de Vivienda prioriza la aprobación de este decreto pero subraya que el grupo parlamentario de Sumar cuenta con el apoyo del PSOE para sacar adelante esa medida y que si presentan una iniciativa parlamentaria que pueda mejorar la vida de la gente, se les apoyará.
Desde Junts, aseguran que les consta que en estos momentos el PSOE está estudiando sus propuestas para afrontar la crisis de la vivienda.
Hace dos semanas, la formación catalana entregó en mano al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, un real decreto ley con las medidas concretas para afrontar la crisis de la vivienda.
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Se trata de medidas que ya presentaron hace meses en el Congreso y que entienden que pueden reunir el apoyo necesario para ser aprobadas.
"Después de meses de bloqueo del gobierno, el PSOE está estudiando ahora estas propuestas y esperamos una respuesta en las próximas horas", indican desde Junts.
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Los ministros de Sumar han insistido este jueves en sus redes sociales que este real decreto ley de vivienda tiene que ser aprobado "sí o sí" en el Consejo de Ministros del próximo martes.
Subrayan que este paquete debe incluir la congelación y prórroga de los alquileres; la regulación de los usos especulativos de la vivienda, como los pisos turísticos, las viviendas de temporada o las habitaciones; y la protección de las familias y los inquilinos frente a "fondos buitre".
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Por ello, Sumar apela al PSOE y a todas las fuerzas parlamentarias a "estar a la altura" de la situación y aprobar estas medidas, mientras Bildu reclama también altura de miras y voluntad de acuerdo ante esta crisis habitacional.
En febrero de este año el Consejo de Ministros aprobó un nuevo real decreto ley que prorrogaba hasta el 31 de diciembre de este año la moratoria de los desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional, una medida que no se aplicaría en aquellos casos en los que el arrendador sea propietario de una o dos viviendas.
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También recogía el decreto que en el caso de los propietarios de tres o más viviendas no se ejecutaría el desahucio cuando haya contrato previo y el propietario no sea vulnerable.
Sin embargo, la posterior derogación del decreto del 'escudo social' dejó sin efecto la suspensión de los desahucios de las familias vulnerables.
Meses más tarde, a finales de julio, los socios del Gobierno de coalición -PSOE y Sumar- anunciaron un nuevo decreto ley para proteger a las familias en situación de vulnerabilidad, con el objetivo de evitar los desahucios y de que ninguna quede sin alternativa habitacional.
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Sin embargo, ante la nueva falta de apoyos parlamentarios para su convalidación en el Congreso, el Gobierno acordó posponer a septiembre la aprobación del real decreto.
La idea del Gobierno era sacar adelante un nuevo decreto en materia de vivienda con todas las aportaciones de los grupos, algo que todavía no ha sido posible.
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La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, insiste en que desde julio los grupos políticos tienen encima de la mesa una medida que va más allá para paralizar para siempre esos desahucios y les pide aprobar este decreto lo antes posible. EFE
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