Reequilibrar la tributación con menos peso del trabajo, el desafío fiscal que abre la IA

Madrid, 21 sep (EFE).- El impacto de la inteligencia artificial (IA) en el mercado laboral abre otra incógnita sobre cómo financiar el Estado del bienestar en una economía que podría generar más riqueza con menos empleo, ante lo que los expertos plantean diversificar las vías de financiación para proteger a los colectivos más perjudicados.

Actualmente, empresas y trabajadores aportan vía cotizaciones sociales la mayor parte de los ingresos de la Seguridad Social, destinados a pensiones, subsidios y prestaciones.

Tal y como explica a EFE el catedrático de Economía de la Universidad de Granada, Francisco Rodríguez-Fernández, "nuestro Estado del bienestar se construyó en gran medida sobre una economía en la que el empleo y las rentas salariales constituían una parte muy importante de la generación de renta y, por tanto, de la base tributaria".

"Si la IA eleva mucho la productividad pero al mismo tiempo desplaza parte de la renta desde el trabajo hacia el capital (...) mantener intacto ese sistema de financiación acabaría produciendo una paradoja: gravaríamos relativamente más al factor cuya utilización queremos proteger, que es el trabajo", concluye Rodríguez, autor del informe "Inteligencia artificial y mercado de trabajo en España", publicado por Funcas.

"Las cotizaciones sociales son la principal fuente de financiación del sistema de Seguridad Social y su concepción actual, basada fundamentalmente en la imposición sobre el empleo humano, está en serio peligro si no se diseñan nuevas estrategias de financiación liberadas de tal dependencia", recoge también el informe "Estado de Bienestar 4.0: el impacto de la robótica en las cotizaciones sociales" de Alexandra Díaz Mordillo.

El informe de Rodríguez-Fernández para Funcas estima que entre 1,7 y 2,3 millones de empleos pueden verse potencialmente desplazados en términos brutos entre 2025 y 2035 en España por la IA, aunque la creación de 1,61 millones de nuevas ocupaciones compensaría parcialmente ese impacto y dejaría una pérdida neta de unos 400.000 empleos.

"El resultado dependerá de cómo se distribuyan las ganancias de productividad generadas por la IA", apunta a EFE el catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia Adrián Todolí.

"No es una cuestión de decir prohibir o no prohibir, sino que se trata de gobernar y de regular", reflexiona el director de la Escuela del Trabajo de la Confederación Sindical de CCOO y experto en digitalización, Fernando Rocha.

Fedea y BBVA Research concluían también en un informe publicado esta semana que, por ahora, no se observa una relación negativa entre una mayor exposición potencial a la IA y la evolución del empleo, aunque advierten de que se trata de una primera fotografía de una transformación todavía incipiente.

Con las cifras de la Seguridad Social, el impacto tampoco se deja ver por ahora en las cuentas del sistema, con unos ingresos de 109.913 millones de euros por cotizaciones entre enero y julio y un mercado laboral en récord, con 22.345.226 afiliados en agosto.

"No significa que tengamos que inventar inmediatamente un impuesto sobre la inteligencia artificial (...) el reto es que el sistema tributario sea capaz de captar esas ganancias sin penalizar precisamente la inversión que las genera", reflexiona Rodríguez-Fernández.

"Las pensiones pueden financiarse mediante cotizaciones sociales o impuestos. El problema es que algunas empresas tecnológicas obtienen beneficios comparables a los de grandes compañías industriales con una fracción de sus trabajadores, por lo que distribuyen menos renta mediante salarios y cotizaciones", expone a EFE el catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia Adrián Todolí.

Y ante ello propone modular el impuesto sobre sociedades según el empleo generado y que las empresas que apenas redistribuyan sus ingresos mediante salarios contribuyan con un tipo impositivo superior teniendo en cuenta además el riesgo de elusión fiscal.

La movilidad de las empresas digitales, reflexiona Todolí, facilita el traslado de beneficios hacia territorios de baja tributación, incluso dentro de Europa.

Por ello, cuando los Estados no puedan impedir eficazmente esta elusión fiscal, aconseja "mecanismos europeos o internacionales que garanticen una contribución tributaria suficiente".

Otra de las posibles fórmulas puede ser la creación de un impuesto finalista o una cuota empresarial destinada exclusivamente a financiar las pensiones y prestaciones, que grave la capacidad económica de la empresa en función de su actividad y de manera lineal, plantea el informe de Díaz Mordillo.

"Estamos a favor de que las empresas que ganan mayores beneficios por parte de la inteligencia artificial contribuyan más", señala el experto de CCOO, que pide también "mecanismos de protección social para trabajadores que pueden ver afectado su empleo por la inteligencia artificial". EFE