València, 21 sep (EFE).- La representación legal de la exconsellera valenciana de Justicia e Interior Salomé Pradas ha presentado un recurso de apelación contra la decisión de la jueza que investiga la gestión de la dana de no pedir a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, que aportase voluntariamente los mensajes que intercambió de aquella jornada.
Pradas, que realizó esta petición el pasado 10 de julio, solicitó formalmente la aportación voluntaria por parte de Bernabé de "todas las comunicaciones mantenidas el día 29 de octubre de 2024 en relación con la emergencia, ya fueren cruzadas con Miguel Polo -presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar- o con cualquier otro responsable de cualquier administración, organismo o institución pública".
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"De modo muy particular -añadía aquella petición- las relativas a la evolución de la situación en el barranco del Poyo, cualquiera que hubiere sido el medio o canal telemático empleado para su intercambio".
En su recurso, la defensa de Pradas sostiene que la instrucción es una "fase dinámica" y que, pese a no haber pedido dichos mensajes cuando Bernabé compareció como testigo en la causa, "la necesidad de practicar una diligencia puede surgir del curso de la investigación", de modo que "no se puede justificar su denegación sobre la base de una extemporaneidad inexistente".
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También insiste en que, si bien Bernabé "ya rechazó aportar voluntariamente su listado de llamadas durante su declaración testifical el 14 de abril de 2025", este rechazo "se circunscribió únicamente al listado de llamadas telefónicas" y "lo que pide esta parte es sustancialmente diferente y más amplio".
Otro de los argumentos esgrimidos por los abogados de la exconsellera es la supuesta vulneración del principio de "igualdad de armas". "No porque equiparemos la posición de Bernabé con la de los investigados, sino porque la denegación resulta difícilmente justificable cuando se han venido requiriendo comunicaciones a personas con un papel sustancialmente menos relevante en la emergencia del 29 de octubre de 2024 que la delegada del Gobierno".
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Para la defensa de Pradas resulta "absolutamente imprescindible" conocer "qué información llegó al Cecopi" para "esclarecer cuándo, cómo y quién pudo actuar y, por ende, para constatar la responsabilidad de Pradas o, como venimos a interesar en aras de su derecho de defensa, la ausencia de la misma". EFE
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