
La Fiscalía de Barcelona solicita 25 años y 5 meses de cárcel para cada uno de los nueve acusados de quemar un furgón de la Guàrdia Urbana de Barcelona con un agente dentro, que resultó ileso, durante una manifestación contra el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél que tuvo lugar el 27 febrero de 2021 en la capital catalana.
En su escrito de acusación al que ha tenido acceso Europa Press y ha avanzado 'El Nacional', el Ministerio Público les atribuye un delito de homicidio en grado de tentativa, por el que solicita para cada uno de ellos 10 años de prisión, un delito de atentado continuado a los agentes de la autoridad (4 años y 3 meses) y un delito de desórdenes públicos (2 años y 10 meses).
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También los considera autores de un delito de daños continuado (2 años y 9 meses), un delito de manifestación ilegal (1 año y 10 meses) y un delito de pertenencia a grupo criminal (3 años y 10 meses), con la agravante de disfraz por cubrirse con ropa oscura para dificultar su identificación.
Además pide que, de forma conjunta y subsidiaria, indemnicen al agente con 3.000 euros por los daños psicológicos causados, y que abonen 36.041,58 euros a diversas entidades bancarias por los destrozos causados en sus oficinas y cajeros.
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También solicita que paguen 11.648,67 euros a un hotel y 638.218,66 euros a una conocida marca de ropa por los desperfectos causados en sus establecimientos, una cuantía a la que habrá que sumar los daños causados en el material urbano, en la cantidad que se determine en ejecución de sentencia, al Ayuntamiento de Barcelona.
EL GRUPO
La Fiscalía sostiene que tras la detención e ingreso en prisión del rapero se convocaron a través de las redes sociales varias movilizaciones los días 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23 de febrero de 2021 en Barcelona, que no fueron comunicadas a la Autoridad Gubernativa Competente y, por lo tanto, no fueron autorizadas.
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Si bien inicialmente se desarrollaron dentro de la normalidad, a medida que avanzaban "se transformaban en violentas", alterando algunos de los participantes el orden público mediante actos consistentes en ataques y desperfectos a motos, vehículos, cajeros, entidades bancarias, portales, escaparates y mobiliario urbano, además de la quema de contenedores a modo de barricadas para atacar a la policía.
El 27 de febrero, los mismos colectivos convocaron otra manifestación en la plaza Universitat a la que asistieron, según la Fiscalía, los nueve procesados.
Los acusados --siete de ellos italianos, una francesa y una catalana-- acudieron "con la intención de realizar actuaciones violentas e intimidatorias", para lo que llevaban consigo pintura, líquidos inflamables, acelerantes de combustión, pastillas para quemar, espray, mazas y martillos.
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El Ministerio Fiscal sostiene que se pusieron de acuerdo previamente para actuar de manera conjunta y coordinada y que dos de ellos asumieron el liderazgo de este grupo, que además de los acusados estaba integrado por, al menos, otras seis personas que no han sido identificadas.
LOS HECHOS
Minutos después de comenzar la manifestación, los acusados se pusieron ropa oscura y se taparon la cabeza y el rostro para no ser reconocidos ni identificados y vandalizaron hasta cuatro oficinas de diferentes entidades bancarias.
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Cuando la manifestación llegó a la altura de la comisaría de la Guàrdia Urbana de Barcelona, ubicada en el número 43 de la Rambla, los acusados arrojaron diversos objetos contra la línea policial, los vehículos que protegían el edificio y la propia comisaría, tales como adoquines, piedras, botellas, pintura y artefactos incendiarios.
Fue entonces cuando uno de ellos lanzó una bengala contra los vehículos policiales, que no llegó a impactar a su objetivo sino contra un árbol, pero que marcó el "objetivo" a los demás integrantes del grupo, que arrojaron todo tipo de objetos, provocando llamas en el suelo, muy cerca de un furgón en cuyo interior había un agente.
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Una mujer que no ha sido identificada, pero integrante del grupo de los procesados, roció sobre el fuego un líquido inflamable que avivó las llamas, que alcanzaron al furgón, comenzando a quemarlo por el lateral central y trasero, donde se ubicaba el depósito de gasolina del vehículo, y posteriormente el recipiente usado a uno de los procesados.
La Fiscalía sostiene que "todos los miembros del grupo" sabían que dentro del vehículo había un agente y que actuaron a sabiendas de que ponían en peligro su vida, pudiendo acabar con ella, ya fuera por el fuego, el calor o el humo.
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Si bien el agente resultó ileso y pudo huir a través de la puerta del copiloto, sufrió dificultades para escapar debido a la equipación que llevaba puesta y que limitaba su movimiento, al reducido espacio dentro del vehículo y al intenso calor, motivo por el que sufre daños psicológicos.
Por su parte, los procesados, junto al resto del grupo, huyeron del lugar y siguieron vandalizando sucursales bancarias, una tienda de una cadena de ropa de plaza Catalunya, causando daños en el establecimiento superiores a los 500.000 euros, así como la cristalera de un hotel de Rambla Catalunya.
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