
La escalada de los precios de los carburantes y de la electricidad pone bajo presión a los trabajadores autónomos y a pequeños negocios. Más de un millón de profesionales están especialmente expuestos a estas subidas porque dependen directamente del vehículo, de la electricidad o de ambos elementos para desarrollar su actividad, aseguran desde la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA).
La organización estima que ese millón de autónomos soportara un sobrecoste adicional equivalente a los 148 euros mensuales. En un año, la factura ascendería a 1.776 millones de euros.
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Ante esta situación, UPTA reclama al Gobierno una intervención para contener los precios de la energía y los combustibles, especialmente en aquellas actividades en las que estos costes no pueden reducirse sin afectar directamente al funcionamiento del negocio.
Repostar cuesta 27 euros más por depósito
Para medir el impacto de la subida de los carburantes, UPTA toma como referencia un precio de 1,50 euros por litro antes de la actual escalada. Con ese coste, llenar un depósito de 60 litros suponía unos 90 euros. Con el precio situado en 1,95 euros, la misma operación asciende ahora a 117 euros.
La diferencia es de 27 euros por depósito. Para un autónomo que necesite llenar el depósito cuatro veces al mes, el gasto pasa de unos 360 euros a 468 euros. Son 108 euros adicionales cada mes y 1.296 euros más al año.
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El impacto es especialmente relevante para profesionales como electricistas, fontaneros, instaladores, repartidores, comerciales o trabajadores de mantenimiento, para quienes el vehículo constituye una herramienta de trabajo necesaria para desplazarse, transportar materiales y acudir a los clientes.
Comercios y restaurantes, los damnificados por la escalada de la luz
La electricidad representa el otro gran foco de presión para los pequeños negocios. UPTA utiliza como ejemplo un establecimiento que hasta ahora pagaba 200 euros mensuales y que, ante una subida del 20%, pasaría a afrontar una factura de 240 euros. El incremento sería de 40 euros al mes y 480 euros al año, aunque el impacto concreto depende del contrato y del nivel de consumo de cada negocio.
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La situación afecta especialmente a actividades que necesitan mantener equipos funcionando durante buena parte de la jornada. Carnicerías, pescaderías, supermercados y comercios de alimentación dependen de cámaras, vitrinas, neveras y congeladores para conservar sus productos.
Bares, restaurantes, cafeterías y panaderías afrontan una situación similar, ya que necesitan electricidad para hornos, cocinas, sistemas de extracción, refrigeración, maquinaria y climatización. Para estos negocios, reducir el consumo energético no siempre es una opción sin limitar también su actividad.
Un impacto de casi 1.800 millones al año
Si se suman los dos supuestos utilizados por UPTA —108 euros mensuales adicionales por el combustible y 40 euros por la electricidad—, el sobrecoste alcanza los 148 euros al mes y 1.776 euros al año por autónomo.
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El presidente de UPTA España, Eduardo Abad, advierte que, “no podemos seguir pagando cada mes más simplemente por poder trabajar. Si trasladamos este incremento a un millón de autónomos, estamos hablando de 148 millones de euros más cada mes y cerca de 1.800 millones al año. Es dinero que sale directamente del bolsillo de los autónomos y de los pequeños negocios.
“Al autónomo que necesita una furgoneta no se le puede pedir que deje de repostar, igual que a una carnicería no se le puede pedir que apague sus cámaras frigoríficas o a un restaurante que deje de encender sus hornos. No estamos hablando de lujos: estamos hablando de poder trabajar”.
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La organización considera que cualquier intervención debe prestar especial atención a los autónomos cuya actividad depende directamente del vehículo y a los pequeños negocios intensivos en consumo eléctrico. La organización advierte de que el incremento de estos costes reduce el margen disponible para los profesionales y puede terminar repercutiendo en los precios de sus productos y servicios.
Un lastre sobre la rentabilidad
Para la organización, el problema no se limita al importe que cada profesional paga en su factura mensual, sino al efecto acumulado que tienen las subidas sobre la rentabilidad de miles de pequeños negocios. En actividades con márgenes ajustados, un incremento sostenido de los costes puede dificultar la capacidad de mantener los precios y absorber el aumento sin trasladarlo al cliente.
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UPTA reclama por ello medidas específicas para los profesionales más expuestos al encarecimiento de los carburantes y de la electricidad. Su objetivo es evitar que los costes energéticos terminen convirtiéndose en un lastre adicional para la actividad de los autónomos.
“El Gobierno tiene que actuar ya. Cada euro que suben la energía o los carburantes se come directamente el margen del pequeño negocio. No podemos permitir que trabajar se convierta en una actividad cada día más cara y menos rentable”, concluye Abad.
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