Madrid, 21 sep (EFE).- Un acusado de colaborar con la organización terrorista Dáesh y de alentar a la comisión de atentados proporcionando datos sensibles de objetivos, incluida la familia real saudí y sus vacaciones en Marbella (Málaga), ha aceptado una pena de cinco años de cárcel tras alcanzar un pacto con la Fiscalía.
El juicio programado este lunes en la Audiencia Nacional ha concluido finalmente con un acuerdo entre la Fiscalía y el acusado, que estaba en prisión provisional desde mayo de 2026 y para quien inicialmente el Ministerio Fiscal reclamaba 8 años de prisión.
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Tras el acuerdo, al que seguirá la correspondiente sentencia del tribunal, este acusado, natural de Marruecos y que residía en Málaga, ha aceptado ser condenado por un delito de colaboración con organización terrorista, que conllevará además de cinco años de prisión otros cinco de libertad vigilada, una multa, once años de inhabilitación, el decomiso de los bienes incautados y el pago de las costas.
Ante el tribunal, ha mostrado su conformidad con el pacto, si bien ha dicho que aunque tiene intención de pegar la multa no sabe cómo lo hará al haber estado en prisión y tener cuatro hijos.
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Según el relato de la Fiscalía, el acusado se encargaba de "actividades de apoyo logístico y propagandístico" a favor de Dáesh como miembro de Bank Alansar, una entidad mediática virtual que proporcionaba a partidarios de la organización cuentas de usuario en redes sociales y números de teléfono para usar aplicaciones de mensajería, especialmente Telegram, de manera que se dificultara su detección por las fuerzas de seguridad.
Según la Fiscalía, el acusado informó a uno de sus contactos "sobre las vacaciones de verano que la familia real saudí disfruta en la ciudad de Marbella", y proporcionó datos del dispositivo de seguridad, los rezos en la mezquita o las salidas de ocio a discotecas "lo que ofrece facilidad para atentar".
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También se le atribuían la edición y diseño de material audiovisual que se difundía en redes para reforzar la narrativa propagandística de Dáesh o la creación del canal de Telegram “Fursan Al Aqida”, que albergaba más de 2.000 archivos de contenido vinculado con Dáesh, así como la formación de grupos en esta red para debatir la ideología yihadista, difundir propaganda, o celebrar reuniones por videoconferencia.
"El contenido difundido incluía incitación a la yihad, exaltación del martirio y llamamientos explícitos a la violencia", señalaba en su escrito de conclusiones provisionales la Fiscalía, que además de adoctrinar y captar a terceros le acusaba de incitación a empuñar armas y cometer actos yihadistas.
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Este procesado alentaba, según el fiscal, la comisión de atentados en territorio europeo "aportando información sensible sobre rutinas, seguridad y movimientos de potenciales objetivos", como fue el caso de la familia real saudí, objetivo declarado de Dáesh por colaborar con potencias occidentales como Estados Unidos.
También se detectó que celebraba los atentados de Dáesh "manifestando expresamente satisfacción cuando se ocasionaban muertes", o que habló a un contacto de "la obligatoriedad de demoler las iglesias".
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En otra ocasión otro contacto de origen palestino le preguntó "si es correcto coger armas haciéndose pasar por combatiente de Hamás, sabiendo que son infieles" y el acusado le incitó a atentar como "francotirador".
Incluso, según la Fiscalía, llegó a facilitar el matrimonio entre la viuda de un combatiente del Dáesh y otro combatiente. Ella misma le pidió que le buscara marido "bajo la condición inexcusable de que sea muyahidín".
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Asimismo, el procesado asesoró a terceros sobre mecanismos seguros para hacer llegar fondos a combatientes y zonas controladas por Dáesh, recomendando el sistema 'hawala', por su opacidad y dificultad de rastreo, y desaconsejando las criptomonedas por ser rastreables.
En el transcurso de esta investigación, el juzgado autorizó en 2024 a un agente encubierto virtual interactuar con el procesado para recabar pruebas sobre sus actividades de apoyo a Dáesh. EFE
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