Madrid, 16 sep (EFE).- La Federación de Cines de España (FECE) ha asegurado este miércoles que las salas de cine de seis comunidades autónomas perderán 3.5 millones de euros en ayudas por un error del Ministerio de Cultura, que desmiente la acusación y señala a Hacienda
El enredo se debe, según la Federación de Cines a un cambio interpretativo sobre las ayudas de 2025 que deja sin fondos en 2026 a las salas de Andalucía, Comunidad Valenciana, Navarra, Castilla-La Mancha, Islas Baleares y Canarias.
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Por medio de un comunicado, FECE ha explicado que “el origen del problema es un imprevisible y reciente cambio de criterio” provocado por unas instrucciones del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) sobre cómo pedir las ayudas correspondientes a 2026.
El pasado mes de agosto, la Intervención Delegada del Ministerio de Cultura, que depende del Ministerio de Hacienda, aplicó una interpretación distinta a las instrucciones y consideró que las convocatorias correspondientes a fondos de 2025 no se ejecutaron correctamente por lo que pidió la devolución de las ayudas.
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Para FECE, “la falta de coordinación entre Cultura y Hacienda y la aplicación de un criterio equivocado por parte del ICAA” ha dejado sin ayuda a las salas de cine de las comunidades que siguieron las instrucción del instituto que preside el ministro Ernest Urtasun.
“Se genera así una asimetría territorial injustificable: un cine de Huelva o Menorca no podrá acceder a esta línea de apoyo, mientras que otro de características equivalentes situado en León sí podrá hacerlo”, ha denunciado FECE.
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En su opinión, es “inaceptable que los cambios de criterio del Ministerio, cada vez más habituales, provoquen una grave inseguridad jurídica y perjuicios económicos directos a las salas de cine”, ha señalado.
El Ministerio de Cultura niega su responsabilidad y explica que el acuerdo adoptado en 2025 seguía el procedimiento aceptado tradicionalmente por la Intervención del Estado, pero que en 2026 decidió “cambiar las reglas del juego a media partida”.
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En contra de que se cambiaran las normas “a posteriori”, Cultura recurrió la decisión ante la Intervención General del Estado, quien apoyó al interventor asignado al ministerio de Urtasun, explican las fuentes.
Con esta actuación, el Ministerio “ya ha agotado todas las vías de recurso” por lo que ha aconsejado a las Comunidades Autónomas afectadas que sean ellas las que recurran por otras vías. EFE
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