Madrid, 25 ago (EFE).- La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha confiado este martes en que la nueva ley de asilo y la reforma de la de extranjería aprobada por el Gobierno no supongan un retroceso en derechos y se alejen de la "peligrosa deriva" que está tomando las políticas migratorias en Europa.
"Esperamos que el texto que llegue al Congreso sea un punto de inflexión en la peligrosa deriva que están tomando las políticas migratorias a nivel europeo. España puede y debe tomar otro rumbo y demostrar que los derechos humanos no son negociables", han zanjado en un comunicado los directores de CEAR, Mónica López y Mauricio Valiente.
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Lo han hecho después de que el Consejo de Ministros haya dado luz verde a los anteproyectos de ley de asilo y de reforma de la ley de extranjería con un "enfoque garantista" de respeto a los derechos humanos de las personas migrantes y con el objetivo de responder "mejor" a la realidad del "fenómeno migratorio", en palabras del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
CEAR espera que el Ejecutivo haya tenido en cuenta las propuestas de las organizaciones de la sociedad civil para que se garanticen derechos dentro del marco "ya restrictivo" del Pacto Europeo de Migración y Asilo que se aplica desde el pasado 12 de junio.
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Tal y como recuerda la Confederación, los Estados miembro pueden optar, en algunas cuestiones, por el marco más garantista del pacto, y "tienen margen de maniobra para implementarlo según los estándares de derecho internacional".
Así, espera que se atiendan las propuestas que envió hace ya más de un año para que la nueva normativa refuerce la posibilidad de habilitar vías legales y seguras, con medidas como permitir solicitar el traslado desde embajadas y consulados para que las personas puedan pedir asilo en territorio español "y no tengan que arriesgar su vida en el intento".
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También que se mantengan "plenas garantías" en el acceso al procedimiento existentes en el marco actual, con asistencia jurídica gratuita, derecho a la información, a intérprete y a un recurso efectivo.
O que la detención sólo se utilice como último recurso, cumpliendo "escrupulosamente" el 'principio de no devolución' de la Convención de Ginebra, por el que una persona no puede ser devuelta a terceros países donde sus vidas y sus derechos no estén garantizados.
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Además, CEAR apela a la necesidad de adaptar el procedimiento y las condiciones de acogida a las personas en situación de vulnerabilidad, y plantea reforzar las buenas prácticas del sistema actual, como el permiso de trabajo a partir del sexto mes desde que se registra la solicitud de asilo, o el derecho a vivir en familia, estableciendo plazos más breves para la tramitación de la extensión familiar desde un tercer país.
Finalmente, considera fundamental instaurar un mecanismo de monitoreo independiente en las fronteras para evitar vulneraciones flagrantes de los derechos humanos "como las que provocaron las muertes de Tarajal en 2014 o la masacre de Melilla en 2022", concluye. EFE
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