Burgos, 13 ago (EFE).- El Ayuntamiento de Burgos tramitará la nulidad de cinco contratos suscritos entre 2024 y 2025 con Eventos El Espino S.L., empresa de cáterin de la que el concejal Borja Suárez, también presidente de la Diputación Provincial y del PP de Burgos, poseía el 33 % de las acciones hasta el pasado mes de abril.
La portavoz municipal, Andrea Ballesteros, ha explicado en rueda de prensa que la Junta de Gobierno Local ha aprobado en su reunión de este jueves encargarse de tramitar dicha nulidad, tal como recogía el informe que elaboró en abril el secretario general del ayuntamiento, tras detectarse la incompatibilidad.
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Fue el pasado marzo cuando eldiario.es informó de que tanto el ayuntamiento como la sociedad de promoción ProBurgos habían suscrito, entre 2023 y 2025, varios contratos con la empresa de cáterin, en un periodo en el que Borja Suárez ya era concejal en Burgos (entró en la corporación tras las elecciones de mayo de 2023).
En su declaración de bienes de 2023 figuraba que tenía el 22 % de las acciones, cifra que subió al 33 % en 2025 sin que el cambio quedara registrado. El también presidente de la Diputación provincial y del PP de Burgos, se desprendió de esas acciones el pasado abril.
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El informe del secretario municipal reconoce que existió una incompatibilidad, dado que Suárez poseía más del 10 % de las acciones de El Espino, y que la empresa no podía contratar con el ayuntamiento, por lo que los contratos firmados son nulos, pero hasta ahora el Consistorio no había avanzado en la tramitación de la nulidad.
Andrea Ballesteros ha reconocido que la cantidad que suman los cinco contratos suscritos por el ayuntamiento con la empresa es de 8.415 euros, pero que en ellos no se incluyen los 12 contratos, cuya cuantía no se conoce, suscritos con ProBurgos, porque al tratarse de una sociedad municipal tiene un trato diferente.
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La Junta de Gobierno Local ha aprobado, además, dar un plazo de 15 días a la empresa para que presente alegaciones ante la decisión de declarar nulos los contratos, que corresponden a servicios de cáterin ya prestados, y abonados.
La Fiscalía de Burgos archivó el pasado julio una denuncia anónima interpuesta el 1 de abril al no apreciar "que los hechos denunciados sean constitutivos de delito, tras analizar pormenorizadamente los tipos penales de prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionario público y tráfico de influencias", según su auto. EFE
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