Entidades de Infancia advierten que quitar la paga a niños migrantes es contrario a la ley

Madrid, 29 jul (EFE).- La Plataforma de Infancia ha advertido que retirar la prestación semanal a los menores migrantes que viven en centros es contrario al ordenamiento jurídico, tal y como ha decidido el Gobierno de Aragón, y recuerda que todos los niños tutelados tienen derecho a la misma protección, con independencia de su nacionalidad, origen o situación administrativa.

Las entidades de infancia han trasladado al Ejecutivo aragonés su preocupación por las informaciones publicadas sobre la retirada de esas ayudas a los menores migrantes no acompañados, mientras que se mantienen para el resto de nacionalidad española.

Anuncian su intención de dirigirse al Defensor del Pueblo ante una situación que vulnera los derechos de las niñas y niños extranjeros no acompañados.

El Ministerio de Juventud e Infancia ha denunciado ante la Fiscalía de Menores esa decisión del Gobierno de Aragón que establece una diferencia de trato entre niños tutelados por la misma administración en función de su origen.

Para las entidades de infancia, de confirmarse esta decisión podría vulnerar el principio del interés superior del niño, que debe guiar toda actuación de las administraciones públicas en materia de infancia.

Asimismo, señala que la retirada de estas ayudas en función del origen o la nacionalidad de los menores podría suponer una vulneración del principio de igualdad y no discriminación reconocido por la normativa nacional e internacional.

Recuerda que la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas establece que los Estados deben garantizar los derechos de todas las niñas, niños y adolescentes bajo su jurisdicción independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, y proporcionar una protección especial a quienes se encuentran privados de su entorno familiar.

Del mismo modo, la Constitución Española, en su artículo 39, obliga a los poderes públicos a proteger a la infancia de conformidad con los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por España.

En la misma línea, la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor reconoce el derecho de todas las niñas, niños y adolescentes a disfrutar de sus derechos sin discriminación por motivos de nacionalidad, origen o raza y establece que las administraciones públicas deben adoptar las medidas necesarias para garantizar su bienestar.

Las organizaciones de infancia muestran además su preocupación por el incremento de los discursos de odio contra la infancia migrante no acompañada y recuerdan que las instituciones públicas tienen la responsabilidad de contribuir a un debate público respetuoso con los derechos humanos, evitando medidas o mensajes que puedan fomentar su estigmatización. EFE