Sindicatos policiales ven una "desigualdad injustificada" en su vacunación en Cataluña

Barcelona, 13 jul (EFE).- Los abogados de los sindicatos policiales que han ejercido la acusación popular contra la cúpula de Salud en Cataluña durante la pandemia han denunciado que los agentes de Policía Nacional y Guardia Civil sufrieron una “desigualdad injustificada, conocida y mantenida” debido al retraso “arbitrario” de su vacunación.

En el último día del juicio en la sección sexta de la Audiencia de Barcelona, los letrados han lamentado este lunes la decisión de la Fiscalía de retirar la acusación contra la exconsellera de Salud Alba Vergés (ERC) y tres miembros de su departamento para quienes pedía 12 años de inhabilitación por un delito de prevaricación.

Según los abogados, la “abrumadora” prueba documental que señalaba a los acusados en la instrucción “sigue existiendo” y acredita que hubo una discriminación “palmaria” hacia ambos cuerpos, que el 24 de marzo de 2021 solo tenían vacunados al 3,6 % de agentes en el caso de la Policía Nacional y al 2,8 % en el de la Guardia Civil, frente al 77 % de los Mossos d'Esquadra, el 68,9 % de las policías locales, el 69,8 % de los bomberos y el 77,9 % de la Guardia Urbana de Barcelona.

 Acusaciones finales

Por ello, el sindicato policial Jupol y la asociación de la Guardia Civil Jucil han mantenido su petición de 15 años de inhabilitación para Vergés, el entonces número dos del departamento Marc Ramentol, el exsecretario de Salud Pública Josep Maria Argimon, el exdirector del Servei Català de la Salut (SCS) Adrià Comella y el exresponsable de Servicios Francesc Xavier Rodríguez.

El Sindicato Profesional de la Policía (SPP) y la Unión Oficial de la Guardia Civil Profesional (UOGCP), por su parte, han retirado la acusación contra Rodríguez y han rebajado su petición contra Vergés y los otros tres altos cargos de 15 a 12 años de inhabilitación, los mismos que inicialmente pedía la Fiscalía.

Las defensas de los integrantes de la excúpula de Salud han pedido la libre absolución de todos los acusados al no haberse “acreditado”, como requiere el delito de prevaricación, que hiciesen una resolución administrativa para “tratar peor” a los agentes de Policía Nacional o Guardia Civil, ha señalado la abogada de Xavier Rodríguez, Míriam Company.

El letrado de Vergés, Mariano Bergés, ha insistido en que la exconsellera no dio la orden de parar la vacunación, sino que “ejecutó la decisión del Consejo Interterritorial” que el 22 de marzo decidió reanudar la vacunación recuperando el criterio etario y, en ese sentido, “priorizar (a los mayores de 60) y reemprender (la vacunación), no es parar”. EFE

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