Madrid, 2 jul (EFE).- PSOE y Podemos, acusaciones populares en el caso Kitchen, consideran acreditado que se constituyó una operación parapolicial para sustraer documentación al extesorero del PP Luis Bárcenas y que fue llevada a cabo por una organización criminal que tenía al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz como "cúspide".
En sus informes finales ante el tribunal que enjuicia en la Audiencia Nacional a la cúpula de Interior del primer Gobierno de Mariano Rajoy, ambas acusaciones han defendido que los ocho acusados por el espionaje a Bárcenas entre 2013 y 2015 integraron una organización criminal.
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La abogada del PSOE, Gloria de Pascual, ha reproducido los argumentos que el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, dio en el juicio contra José Luis Ábalos para defender que el exministro socialista de Transportes formaba parte de una organización criminal.
También se ha mencionado la sentencia de ese caso para destacar el mensaje de los magistrados sobre la erosión que la corrupción provoca en la confianza ciudadana y defender que Kitchen es aún más grave porque socava la confianza en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
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"Los acusados conformaban una organización criminal cuya finalidad era la obstaculización de la investigación Gürtel, no porque a ellos les afectara personalmente, pero sí podía afectar a la cúpula del PP de la cual a la postre iban a depender sus carreras, bien políticas, bien profesionales", ha recalcado por su parte Jaime Montero, letrado de Podemos.
Esta acusación sitúa al exministro en la "cúspide" de una estructura jerárquica con reparto de funciones y considera que fue él quien dio al operativo policial el nombre del conductor del extesorero, Sergio Ríos, para que fuera captado como confidente.
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Su número dos, el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, actuó según Podemos como correa de transmisión y despachaba prácticamente a diario con el comisario José Manuel Villarejo.
PSOE y Podemos también han destacado la participación del inspector Andrés Gómez Gordo, que cuando se captó al chófer era asesor de María Dolores de Cospedal en el Gobierno de Castilla-La Mancha y que tuvo contacto y conocimiento de la información que daba el conductor.
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Apodado "Cospedín" por Villarejo, la letrada del PSOE ha subrayado su "cercanía al aparato político" del PP a través de Cospedal, que entonces era la secretaria general de esta formación.
Además, se han enfocado en pedir la condena del comisario José Luis Olivera, a quien no acusa la Fiscalía, y al que vinculan con las presiones recibidas por el inspector del caso Gürtel, Manuel Morocho. Podemos también le liga al presunto proyecto de Villarejo para lograr la nulidad de Gürtel.
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Como el resto de acusaciones, consideran acreditadas las distintas actuaciones de la operación Kitchen como los seguimientos, la captación del chófer o las coacciones al extesorero. Podemos ha subrayado los distintos periodos dentro de los intentos de proteger al PP: de negociar con Bárcenas a exigirle una omertá, incluso con amenazas y montar un operativo para sustraerle documentación.
Podemos pide de 27 años de prisión para el exministro Jorge Fernández Díaz, su ex número dos o el exDAO y 24 años de cárcel para el resto de acusados, mientras que el PSOE ha rebajado en alrededor de un año las penas que pedía inicialmente, de 47 años de cárcel para el exministro.
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Concluidas las intervenciones de las acusaciones, el juicio se retomará el próximo 22 de julio con los informes finales de las defensas. EFE
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