Madrid, 2 jul (EFE).- La Junta de Presidentes de las secciones civiles y mercantiles de la Audiencia Provincial de Madrid ha estimado que la decisión del Ministerio de Justicia de no dotarles de los refuerzos necesarios supone un "abandono y maltrato institucional".
Así lo plasma este órgano en un acuerdo en el que solicita al Ministerio que rectifique y le hace "responsable de la paralización de actuaciones jurisdiccionales".
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Estos magistrados recuerdan que soportan desde hace años una notable carga de trabajo "que multiplica por 4,5 el módulo de entrada establecido como carga ideal por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)".
Explican que el exponencial incremento de la litigiosidad en materia civil es consecuencia del elevado ingreso de recursos especialmente en materia de consumo, asuntos bancarios y juicios para reclamar el pago de deudas.
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Recuerdan que "dada la insuficiencia de la actual planta judicial para agilizar la tramitación y dar una respuesta al justiciable en tiempo razonable se han venido promoviendo por la Presidencia de la Audiencia diversos planes de apoyo y refuerzo cuyo alcance y capacidad de resolución se ha visto reducida los últimos años por decisiones del Ministerio de Justicia que invocan razones presupuestarias".
"Finalmente el Ministerio ha comunicado su decisión de no prorrogar los refuerzos en concreto en las secciones 25 bis y 28 bis, con competencia exclusiva para conocer de las acciones previstas en la legislación sobre condiciones generales de contratación y sobre defensa de consumidores y usuarios, que tienen pendientes de resolución 41.061 recursos", añaden.
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Los magistrados advierten de que "la finalización de estos refuerzos implicará la redistribución de los asuntos pendientes, lo que va a suponer una ralentización de la actividad y un aumento de los tiempos de respuesta en las trece secciones afectadas, con incrementos de más de cuatro años".
También lamentan que haya sido rechazada la propuesta de creación de una unidad especializada para la resolución de recursos contra autos de inadmisión de juicios monitorios, los que se celebran para reclamar el pago de deudas.
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Estiman que dicha unidad habría permitido la resolución automatizada de más de 12.000 recursos anuales.
Los magistrados califican esta política ministerial de "abandono y maltrato institucional" y creen que "conducirá a la jurisdicción civil en la Comunidad de Madrid a una situación de colapso con un inminente y significativo incremento de la pendencia y de los tiempos de respuesta".
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"Ante esta grave situación solicitamos al Ministerio de Justicia que rectifique, provea los recursos presupuestarios necesarios y autorice los planes de refuerzo que son indispensables para facilitar a los justiciables la resolución en tiempo razonable tanto de los recursos en trámite como de los de nuevo ingreso", ha acordado la citada Junta. EFE
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