La defensa de Bárcenas: Interior impulsó Kitchen porque la información del extesorero "podía hacer caer al Gobierno"

La abogada de la familia Bárcenas, Marta Giménez, ha apuntado este jueves que el Ministerio del Interior del Ejecutivo de Mariano Rajoy impulsó la 'operación Kitchen' porque la información que guardaba el extesorero, relativa a dirigentes del PP y a la contabilidad de partido, "podía hacer caer al Gobierno".

Así lo ha expuesto durante su presentación del informe final en el juicio sobre el presunto espionaje a Bárcenas en 2013, en la que ha definido 'Kitchen' como "una operación parapolicial delictiva, clandestina e ilícita desde la cúpula de Interior y ejecutada por altos mandos policiales" que se habría desarrollado "al margen de la ley y la investigación policial y judicial".

La letrada ha señalado que el operativo buscaba "sustraer, interceptar y hacer desaparecer información relevante" para la investigación del 'caso Gürtel' y, más concretamente, sobre la pieza judicial relativa a los 'Papeles de Bárcenas', que indagaban en la existencia de una contabilidad opaca en el seno del PP.

"Luis Bárcenas era trabajador del PP, fue tesorero del PP durante un año, ocupó altos cargos en el partido por más de 30 años. Lo que pudiera saber hubiera podido hacer caer al Gobierno", ha señalado.

BÁRCENAS, SU MUJER Y SU HIJO, "VÍCTIMAS DIRECTAS"

Las "víctimas directas" del operativo fue la familia Bárcenas, que fue "sometida durante dos años a una extrema vigilancia policial ilícita" que incluyó "intromisiones en su intimidad", así como "interceptación de comunicaciones, clonados de dispositivos electrónicos personales, un control absoluto de movimientos" o "acceso ilegítimo a documentación privada", según la letrada.

Para Giménez, ha quedado acreditado que el operativo "utilizó su entorno de confianza para traicionar" a la familia, en alusión a la captación de Sergio Ríos, entonces chófer del extesorero, como confidente de la presunta trama. También la "intromisión" en el lugar de trabajo de Rosalía Iglesias, esto es, la entrada ilegal en el estudio de restauración que tenía en el centro de Madrid, ha agregado.

La letrada se ha detenido en las "graves presiones" sufridas por Luis Bárcenas en el centro penitenciario de Soto del Real (Madrid), en alusión a su estancia en prisión preventiva durante dos años, donde se encontró en una "situación de absoluta vulnerabilidad".

Giménez ha dedicado una parte de su exposición a desdeñar los principales argumentos esgrimidos por los acusados para justificar la puesta en marcha del operativo de vigilancia, basado en la premisa de que lo que realmente buscaban era el dinero de Bárcenas en el extranjero y no documentación comprometedora para el futuro judicial del PP.

VIGILANCIAS Y VOLCADO DE DISPOSITIVOS SIN ORDEN JUDICIAL

"En enero de 2013 ya se sabía que había dos cuentas en Suiza en la que había 48 millones de euros. Es decir, el juzgado ya estaba haciendo su función, las comisiones rogatorias estaban dando su fruto. La UDEF estaba haciendo correctamente su trabajo. Por eso no es creíble en ningún caso que el fin de la operación fuera encontrar dinero de Luis Bárcenas en el extranjero, ni posibles testaferros", ha señalado.

Y ha agregado: "Es absurdo, no tiene sentido alguno, es otra muestra más de que lo que querían era acceder a la posible información que tuviera Luis Bárcenas o su familia que podía afectar directamente al Gobierno".

La letrada ha puesto de manifiesto que los seguimientos y vigilancias realizados a la esposa del extesorero se ocultaron a la autoridad judicial y policial encargada del 'caso Gürtel'. En ese sentido, ha apuntado que se hicieron "totalmente a espaldas del procedimiento judicial" y que "no se informó en ningún momento" de su resultado a la UDEF, que seguía la pista de 'Gürtel'.

La misma tesis ha sostenido respecto al volcado de móviles y tablets de Bárcenas que llevaron a cabo agentes de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía Nacional, comandada por el comisario Enrique García Castaño, inicialmente investigado pero para quien se archivó la causa por motivos médicos.

"No había una orden judicial de volcado, al igual que no hubo una orden de entrar de registro en el taller, no hubo una orden de acordar vigilancias. Nada de esto ocurrió", ha resumido.

"TORPEDEAR" EL CASO GÜRTEL

Previamente, la Abogacía del Estado ha indicado que a la cabeza de la presunta 'operación Kitchen' se encontraba el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, que "participó en la planificación, en la coordinación y en un seguimiento" de un operativo que llevó a cabo el ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino.

El letrado del Estado ha sostenido que la operación consistió en "una dinámica delictiva" dirigida "esencialmente a torpedear" la investigación de la trama Gürtel, que "no puede comprenderse" sin tener en cuenta "la preocupación del Partido Popular y del Gobierno de España" por la figura de Bárcenas.

Para la Abogacía, la operación fue coordinada "desde el entorno del Ministerio del Interior y, en particular, de sus órganos superiores", y ve acreditada la participación de Fernández Díaz en la declaración de su ex 'número dos', el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, que aseguró que el exministro le llamó para que se enterase sobre los datos del chófer de Bárcenas.

El objetivo de esta presunta operación era "quitarle a Bárcenas los papeles que comprometían al presidente", por entonces Mariano Rajoy, según ha apuntado el representante de la Abogacía del Estado.

Esta cuestión la ve probada en las anotaciones del comisario jubilado José Manuel Villarejo, en las que "evidentemente no se engaña a sí mismo", en línea con la tesis que sostuvo en sus conclusiones finales el fiscal César de Rivas.

Además, ha desacreditado el argumento de las defensas, que aludieron a que se trató de una operación legal de inteligencia para buscar información sobre el patrimonio de Bárcenas, al precisar que "no cabe el desarrollo de ninguna operación policial sin contar con la supervisión o autorización judicial".

El letrado del Estado ha sostenido que "la operación fue posible gracias a la captación de Sergio Ríos", que era "plenamente consciente de la ilicitud de la actuación", y que este facilitó tres dispositivos del extesorero para que se realizara un volcado y cuya información, ha dicho, entregó el comisario García Castaño a Francisco Martínez.