Madrid, 30 jun (EFE).- El Gobierno se ha comprometido a revisar en el plazo de seis meses, antes de que termine este año, las cuantías de las indemnizaciones por residencia del personal del sector público estatal destinado en Baleares ante las dificultades en las islas.
Según consta en el decreto publicado este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) con las condiciones de la jubilación parcial anticipada del personal laboral de las Administraciones Públicas, en ese plazo, y previa negociación colectiva, se aprobará la modificación de las cuantías vigentes para adaptarlas a la situación actual.
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Ese complemento retributivo compensa algunas dificultades derivadas de la insularidad, como las dificultades de movilidad geográfica o la situación del mercado de vivienda.
Una situación, expone la norma, que se ha agravado dificultando la captación, retención y estabilidad del personal público, lo que puede afectar a la prestación de servicios públicos esenciales.
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"Las dificultades crecientes para atraer, retener y estabilizar efectivos en determinados ámbitos –especialmente en aquellos que requieren cualificación específica o presentan altos niveles de rotación– pueden derivar en déficits estructurales de personal, incrementos de la temporalidad no deseada o sobrecargas organizativas que afecten al funcionamiento ordinario de los servicios", expone el decreto.
Los sindicatos de función pública venían reclamando la adecuación de estas cantidades que resultan insuficientes para la realidad del coste de la vida en Baleares.
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Este punto se recogió en el acuerdo marco suscrito con UGT, CSIF y CCOO.
La actualización, aclara la norma, no podrá suponer una minoración de las cantidades que actualmente se abonan por este concepto. EFE
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