Vigo, 30 jun (EFE).- Catorce personas han sido condenadas a penas de prisión de hasta dos años y medio de cárcel por haber colaborado para legalizar embarcaciones con documentación falsa en Galicia.
La sección segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha considerado que esos catorce procesados son autores de un delito de falsedad en documento oficial cometido por funcionario público, en concepto de cooperadoras necesarias.
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Según la sentencia que ha divulgado este martes el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y contra la que cabe recurso, la Sala declara en el fallo la extinción de la responsabilidad penal del principal investigado debido a su fallecimiento.
El tribunal entiende probado que administraba una sociedad dedicada a la construcción de embarcaciones con un astillero en Bueu, Astixano S.L. y que, aprovechando que la Dirección General de la Marina Mercante lo había autorizado en el año 2000 para emitir declaraciones de conformidad con marcado CE para barcos de nueva construcción, montó un negocio ilícito entre 2013 y 2021.
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Así, a cambio de un precio estandarizado, unos 100 euros por metro de eslora, elaboraba documentación falaz para dos perfiles de clientes: armadores de la 3ª lista (pesca profesional y dueños de embarcaciones sin papeles).
Entre los primeros, marineros que querían obtener una doble matriculación ilegal en la 7ª lista (recreo) para usar el mismo barco de forma lúdica los fines de semana, manteniendo los privilegios fiscales de la pesca laboral.
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Los otros eran personas con lanchas indocumentadas o modificadas que necesitaban blanquearlas para poder navegar.
Para lograrlo, confeccionaba facturas de venta ficticias de barcos que simulaba haber construido y emitía certificaciones técnicas falsas que luego presentaba ante las Capitanías Marítimas de Vilagarcía de Arousa o Marín para obtener los permisos.
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"En todos estos supuestos se trataba de embarcaciones que no habían sido construidas en el astillero y que carecían de una documentación legal", subraya el Tribunal.
El tribunal considera que unos clientes, profesionales del mar, sí conocían que se trataba de una ilegalidad, mientras que en otros casos no quedó acreditado que supieran que ese proceso no era válido.
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Las pesquisas policiales detectaron el verano de 2019 el uso de las dobles documentaciones en la zona de A Guarda.
Un total de 11 acusados reconocieron los hechos y se les aplicaron las atenuantes de dilaciones indebidas y confesión tardía, lo que supuso una rebaja en las condenas. Han sido condenados a entre 10 y 14 meses de prisión y se ha suspendido la pena de privación de libertad por dos años.
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En cambio, otros tres procesados no se sumaron al acuerdo de conformidad y defendieron su inocencia, pero han sido condenados como cooperadores necesarios con penas de entre un año y medio y dos años y medio de cárcel. EFE
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