El Gobierno respalda a la presidenta de SEPI y defiende la limpieza de las ayudas del FASEE

El Gobierno ha reiterado su respaldo a la presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Belén Gualda, después de que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz la haya imputado junto a otros 24 investigados en una pieza separada del denominado 'caso Leire Díez', centrado en presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos y en la concesión de ayudas estatales.

Según informaron a Europa Press en fuentes gubernamentales, "en las diligencias no aparece ningún elemento que comprometa" a la presidenta de SEPI, por lo que el Ejecutivo mantiene "toda la confianza en ella y en el gran trabajo que está desempeñando al frente de una empresa pública que ha logrado salvar miles de empleos".

El Gobierno subraya que, "como no puede ser de otra manera", está plenamente garantizado el respeto a las decisiones judiciales y la colaboración con la investigación, al tiempo que reivindica "la integridad de los profesionales que integran la SEPI" y "el rigor de los expedientes" tramitados en el marco del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE).

Recuerda que, gracias a este instrumento, se garantizó la viabilidad de 30 empresas consideradas estratégicas y se salvaguardaron alrededor de 62.000 puestos de trabajo.

La respuesta del Ejecutivo llega después de que la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil hayan apuntado la existencia de "indicios de criminalidad" en varias operaciones, entre ellas la ayuda de 112,9 millones de euros concedida a Tubos Reunidos, al sospechar que algunas de estas operaciones no fueron meros trámites administrativos, sino que pudieron estar condicionadas por presiones e intermediaciones ilícitas a cambio de comisiones.

Frente a estas sospechas, fuentes gubernamentales ponen el foco en el entramado de controles y fiscalización al que ha estado sometido el FASEE desde su creación.

En este sentido, destacan que la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) ha auditado la gestión del fondo y el cumplimiento de la normativa aplicable, emitiendo opinión favorable sobre sus cuentas en todos los ejercicios.

Añaden que la Comisión Europea avaló en julio de 2020 la normativa que regula el FASEE y ha sido puntualmente informada de todas las operaciones aprobadas, mientras que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ratificó en una sentencia de junio de 2024 el régimen de ayudas articulado a través de este instrumento.

Asimismo, el Gobierno recuerda que el Tribunal de Cuentas avaló en un informe publicado el 27 de septiembre de 2024 el conjunto de ayudas concedidas por el FASEE, concluyendo que "SEPI aplicó adecuadamente la normativa en cuanto al cumplimiento de estos requisitos y a sus condiciones de financiación".

Con estos argumentos, el Gobierno respalda la actuación de la SEPI y de su presidenta, insistiendo en que el diseño y la ejecución del fondo se han desarrollado bajo estrictos criterios de legalidad y supervisión institucional.