Madrid, 26 jun (EFE).- El Tribunal de Cuentas recomienda que las aportaciones del Estado a la Seguridad Social se instrumentalicen a través de transferencias corrientes consignadas en los Presupuestos Generales del Estado y no mediante préstamos a largo plazo.
En una nota informativa publicada este viernes, el Tribunal de Cuentas desarrolla su opinión sobre los problemas financieros y de carácter estructural reflejados en el balance de la Seguridad Social a través de su patrimonio neto negativo y de su endeudamiento frente al Estado.
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A finales de 2024, detalla, el endeudamiento de la Seguridad Social con el Estado ascendía a 135.253 millones de euros, derivados de los veinte préstamos a largo plazo recibidos por importe total de 126.171 millones (equivalentes al 7,9 % del PIB de 2024).
Además, el endeudamiento incluye una deuda a corto plazo a favor del Estado por 9.082 millones, derivada de la financiación de las funciones de asistencia sanitaria y servicios sociales traspasados al País Vasco y a Navarra, pendiente de liquidación y pago.
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De los 126.171 millones de euros de deuda a largo plazo, apunta, 17.169 millones corresponden a préstamos otorgados entre 1992 y 1999, y 109.002 millones al endeudamiento contraído entre 2017 y 2024.
Estos préstamos, señala el Tribunal, "son un instrumento de financiación que no responde a criterios de racionalidad económico-financiera ya que no ejercen un efecto equilibrador sobre el resultado económico patrimonial ni sobre el patrimonio neto".
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Además, dice, "muestran la imagen de un Sistema que adolece de graves problemas de sostenibilidad financiera de carácter estructural".
Por ello, recomienda que las aportaciones del Estado a la Seguridad Social se instrumentalicen a través de transferencias corrientes consignadas en los Presupuestos Generales del Estado o mediante las que resulten precisas para atender necesidades coyunturales, con arreglo a los mecanismos que se establezcan legalmente y no mediante préstamos a largo plazo.
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Estos recursos, dice, deberán ser suficientes para cubrir todos los gastos no contributivos que haya de asumir la Seguridad Social y para evitar las tensiones de liquidez derivadas de su pago.
Asimismo, considera que el Estado habrá de atender, si resultara necesario, "la cobertura de todos aquellos déficits que se produzcan derivados de la modalidad contributiva de protección".
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El Tribunal cree también que deberían adoptarse las medidas necesarias para readaptar el reflejo contable del endeudamiento conforme a su verdadera naturaleza económica de transferencias corrientes.
Y hace un ejercicio de proyección, de forma que si dichas aportaciones se hubieran instrumentado como transferencias corrientes, en coherencia con la naturaleza económica de los gastos financiados, la imagen reflejada por el balance de la Seguridad Social "sería significativamente distinta".
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En particular, apunta, el saldo del patrimonio neto dejaría de ser negativo y pasaría a ser positivo en 12.174 millones, mientras que el endeudamiento por préstamos se reduciría desde los actuales 126.171 millones hasta aproximadamente 27 millones.
El Tribunal de Cuentas, que lleva años criticando este método de financiación del Estado a la Seguridad Social, recuerda que el Pacto de Toledo, en su informe de 2020, señalaba que para 2023 debería haberse acabado con la política de préstamos al sistema.
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Sin embargo, en 2024 y 2025 se han concedido dos nuevos préstamos por 10.004 millones de euros cada uno con base en la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado del ejercicio 2023. EFE
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