Las víctimas de tráfico de Iberoamérica exigen fiscalización y menos corrupción policial

Madrid, 25 jun (EFE).- La presidenta de la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Víctimas Contra la Violencia Vial (FICVI), la mexicana Alma Chávez, exige a los gobiernos fiscalización, combatir la corrupción de las policías y aplicar la normativa, los tres pilares fundamentales para prevenir siniestros de tráfico y evitar la impunidad.

"Que cuando alguien se someta, por ejemplo, a un control de alcoholemia no pueda decir 'soy el hijo del gobernador o del alcalde' y quede impune", revindica, en una entrevista con EFE, la presidenta de esta Federación, que agrupa a 12 países de la región y a 20 organismos de sociedad civil y que se encuentra en España para participar en un congreso sobre la materia.

El tema de la seguridad vial no está en las agendas de los políticos, por lo que no entra en sus planes dedicarle recursos ni medios. A ello se añade, señala Alma Chávez, que en Iberoamérica los ciudadanos tienen asumida la corrupción y ven habitual que la policía 'pida la mordida'.

El objetivo principal de FICVI es visibilizar a las víctimas, "prácticamente invisibles", así como reivindicar políticas de seguridad vial que pongan freno a las alarmantes cifras de fallecidos y heridos en las carreteras.

Las muertes, lesiones y discapacidades no solo no están bajando en la región, sino que han aumentando un 7 %. Los datos oficiales arrojan más de 140.000 víctimas anuales y más de 5.000.000 de heridos graves, pero las cifras reales pueden ser mayores, asegura.

Ello está causando un gran impacto económico, entre el 1,2 y el 1,4 % del Producto Interior Bruto (PIB) cada año. "Mucho dinero para países con tantas desigualdades y tanta pobreza", enfatiza.

Pone el acento en el retraso que existe en cuanto a clasificar bien los datos, por lo que habla de 'subregistros'. Por ejemplo, no se contabilizan las víctimas que mueren días, semanas o meses después a consecuencia de las secuelas de un siniestro vial", advierte.

Incide Chávez en la importancia de disponer de bases de datos nacionales donde estén todos los ciudadanos fiscalizados, "porque manejar (conducir) no es un derecho, es un privilegio que te da la autoridad con una licencia y que te la puede retirar y sancionar cuando no lo haces adecuadamente".

Reconoce la dificultad de alcanzar el objetivo de cero víctimas de la FICVI, pero insiste en que con una policía vial dura y limpia que sancione y una política pública como la que existe en España se podrían salvar vidas en muy poco tiempo.

Asegura que en su país, México, la mitad de las personas conducen sin licencia o con ella vencida "y no pasa nada. Una sanción ejemplar" podría ayudar, si bien "los gobiernos no quieren multar porque les quita votos", lamenta.

Chávez aboga por una normativa armonizada en la región al igual que existe en la Unión Europea, aunque reconoce que es muy complicado porque "cada Estado hace lo que quiere y como quiere y cada municipio tiene sus propios reglamentos".

Rechaza hablar de accidente porque éste es algo fortuito y sí de siniestro vial porque se pueden evitar en un 90 %, según estiman organismos internacionales, si se aplican las medidas oportunas.

"Un punto muy importante que nos duele mucho a las víctimas es el tema de la justicia, porque hay mucha impunidad y mucha corrupción en los procesos", señala Alma Chávez.

Además, en algunos países no existe un seguro vial obligatorio, lo que facilitaría mucho la atención a víctimas en el tema hospitalario y en la posibilidad de contar con un asesor legal de cara a un juicio, lo que impacta mucho en la justicia vial.

Defiende también la necesidad de realizar "grandes cambios" en los códigos penales de los países para endurecer las penas cuando haya fallecidos u otras víctimas.

Durante la pandemia del covid bajó mucho el uso del transporte y aumentó exponencialmente la venta de motos, que se ha llegado a convertir en el vehículo principal.

El motivo -explica- es que hay una gran oferta de motos baratas de fabricación china que se pueden adquirir como si fuera un juguete en los supermercados, a plazos y sin intereses, y sin ningún control.

"Y ahora vemos familias en Iberoamérica que van en moto papá, mamá, el bebé y a veces hasta otro hijo y el perrito", asegura.

La consecuencia es que las salas de urgencia de los hospitales están saturadas de motociclistas lesionados. "Son un gran dolor de cabeza para los sistemas de salud pública de la región", que no pueden atender adecuadamente y de forma digna a otros enfermos. EFE