La contratación de la ex de Ábalos en empresas públicas fue "enchufismo" y se facilitó que no trabajara, según el TS

El Tribunal Supremo (TS) enmarca en "prácticas de enchufismo" la contratación de Jéssica Rodríguez, exnovia del exministro de Transportes José Luis Ábalos, en las empresas públicas Ineco y Tragsatec, de las que, según el alto tribunal, cobró 43.950 euros sin ir a trabajar, todo ello después de que Ábalos "activara" su contratación y "facilitara" la "interesada cobertura" para "eludir los controles del desarrollo efectivo de su trabajo".

Así lo señala en la primera sentencia del 'caso mascarillas', que ha condenado a 24 años de prisión a Ábalos, a 19 años a su exasesor, Koldo García, y a cuatro años y medio al empresario y presunto conseguidor de la trama, Víctor de Aldama, que no llegará a pisar la cárcel por su "aportación realizada al descubrimiento de los delitos".

El alto tribunal ve probado que Ábalos "activó los mecanismos influyentes para la contratación" de su exnovia y "dispuso de las condiciones para que esta no fuera a trabajar durante todo el desarrollo del plan criminal". Además, "facilitó a la interesada cobertura para eludir o neutralizar los controles del desarrollo efectivo de su trabajo" y "colaboró en la confección falsaria de partes de asistencia", según la sentencia.

La resolución expone, asimismo, que el exministro "transmitió indicaciones para que no se molestara a Jéssica Rodríguez pidiéndole explicaciones sobre el trabajo desarrollado" durante el tiempo que estuvo contratada, primero en Ineco y luego en Tragsatec.

La misión de conseguir trabajo a Jéssica en la mencionada empresa pública fue ejecutada por Koldo García, quien "se encargó de desarrollar todo un conjunto de acciones tendentes a procurar" que la entonces pareja del exministro pudiera "no ir a trabajar" y "sortear" los "controles laborales" por parte de los responsables de las empresas contratantes, de acuerdo a la sentencia.

Unos hechos que, junto a la contratación de Claudia Montes, amiga del exministro, en la empresa pública Logirail, el alto tribunal vincula con "prácticas de enchufismo en la contratación pública, impuestas a partir de la presión que permite al funcionario su particular posición de prevalimiento".