Madrid, 18 jun (EFE).- El proyecto de ley que contempla bajar el número de alumnos por clase en primaria y secundaria y la jornada docente del profesorado de la enseñanza pública afronta su primer debate parlamentario pendiente de los votos del PP.
El pleno del Congreso debate y vota este jueves las dos enmiendas a la totalidad que han planteado PNV y Junts a esta ley que modifica dos leyes educativas y cuyo objetivo es fijar un máximo de 22 estudiantes por aula en primaria y de 25 en secundaria (frente a los 25 y 30 actuales) y rebajar la jornada docente hasta un tope de 23 horas semanales en Infantil, Primaria y Educación Especial y de 18 en Secundaria y Bachillerato.
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Aunque PNV y Junts están de acuerdo en mejorar las condiciones del profesorado, tanto económicas como laborales, han pedido devolver este texto por considerar que invade competencias autonómicas.
Junts avisa de que vulnera los principios de autonomía financiera y trata de imponer obligaciones a las comunidades autónomas "sin garantizar los recursos necesarios para hacerlas efectivas", además de que ve una "alteración profunda y constitucionalmente inadmisible".
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PNV lo rechaza porque "impone ratios rígidas y homogéneas" para toda España y critica que haya una visión "uniformizadora del sistema educativo, que no reconoce ni la diversidad de realidades educativas existentes ni las diferentes necesidades de cada territorio".
Además, los socios vascos de investidura de Pedro Sánchez critican la falta de diálogo territorial: "Ausencia de una cooperación institucional real con Euskadi —comunidad competente en materia educativa- durante el proceso de elaboración de la propuesta".
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Previsiblemente las dos enmiendas a la totalidad serán rechazadas con los votos del PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, y con las abstenciones del PP, que pese a no haber desvelado su posicionamiento de voto tampoco ha rechazado tajantemente el texto mediante una enmienda a la totalidad.
No obstante, las comunidades del PP se mostraron muy críticas en la Conferencia Sectorial de Educación al recalcar que no consta una memoria del impacto económico que tendrían las medidas, sobre todo la reducción de carga docente del profesorado.
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Tras superarse este debate de totalidad, la tramitación parlamentaria continuaría con la presentación de las enmiendas parciales, cuyo plazo se ha prorrogado esta semana por tercera vez, y según fuentes parlamentarias podría seguir prolongándose hasta septiembre.
En declaraciones a EFE la mayoría de los sindicatos de la enseñanza pública no universitaria lamentan la dificultad de que algunas medidas de esta ley no puedan entrar en vigor el próximo curso escolar, ya que todavía deberían pasar por el Senado y las Cortes cierran su periodo ordinario de sesiones en junio.
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Según el calendario de implantación de la norma, en el curso 2026-2027 sí debería entrar funcionamiento la medida de que el alumnado con necesidades educativas especiales (NEEs) cuente doble para calcular las ratios y la reducción de la jornada docente.
La otra reducción de ratios comenzaría a implantarse de forma progresiva en cursos sucesivos, alcanzando su plena aplicación en el curso 2031-2032. EFE
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