Barómetro Conama revela deficiente aplicación del convenio sobre derechos y medioambiente

Madrid, 17 jun (EFE).- El Barómetro Conama 2026 reconoce "un amplio margen de mejora" en la aplicación del Convenio de Aarhus en España, ya que el 87,2 % de los profesionales ambientales ve deficiencias en su aplicación, si bien subraya algunas mejoras en el acceso a la información ambiental.

Ratificado por el Gobierno español en 2004, el Convenio de Aarhus reconoce tres derechos fundamentales en materia ambiental: el acceso a este tipo de información, la participación pública en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en este sector.

El estudio presentado hoy y elaborado por la Fundación Conama junto con la consultora SAMSØ, bajo la dirección de la socióloga y politóloga Cristina Monge y el jurista y político Joan Herrera, recoge la opinión de profesionales procedentes de organizaciones ambientales, administración pública, empresas y ámbito académico.

El análisis concluye que existe "una importante distancia entre el marco normativo y su aplicación práctica", a pesar de que España dispone de "una legislación consolidada en este ámbito", y revela una paradoja: quienes mejor conocen el Convenio son también los que realizan una evaluación más crítica de su aplicación.

El acceso a la información ambiental es el primer pilar del Convenio de Aarhus y también el mejor valorado, ya que el 83,9 % de los profesionales la ha solicitado en alguna ocasión a la administración pública; sin embargo, entre el 60 y el 70 % reconoce haber encontrado dificultades en el proceso en función del nivel administrativo.

La falta de asistencia al solicitante, el silencio administrativo, la información incompleta o desactualizada y los plazos excesivos de respuesta son las principales quejas de los usuarios.

Respecto a la participación pública, el 77,7 % de los encuestados ha participado en este tipo de mecanismos, aunque la mayoría los considera "insuficientes o poco efectivos", sobre todo en el caso de la administración local, donde las evaluaciones negativas alcanzan el 85 %.

Entre las principales deficiencias identificadas en este caso, figura la ausencia de retorno sobre las aportaciones realizadas: más de la mitad de los participantes considera que los procesos participativos "rara vez explican qué propuestas se han incorporado y cuáles han sido descartadas".

Con todo, es el acceso a la justicia ambiental el aspecto más criticado: un 83,4 % de los encuestados califica negativamente la capacidad del sistema judicial para garantizar una tutela efectiva de los derechos ambientales: la duración excesiva de los procedimientos judiciales, la desigualdad de recursos entre ciudadanos y empresas y los elevados costes económicos asociados a los litigios ambientales son aquí las principales deficiencias.

Entre otras experiencias positivas, el barómetro señala la especialización judicial en el ámbito hídrico y el creciente despliegue de la abogacía 'pro bono': la representación o asesoramiento jurídico altruista y voluntario orientado generalmente hacia ong, fundaciones o asociaciones.

Además, indica que el principal obstáculo para la aplicación del Convenio de Aarhus es la ignorancia de su existencia o su contenido puesto que un 53,1 % de los profesionales consultados reconocen tener un conocimiento "nulo o básico" de esta herramienta jurídica internacional, pero este hallazgo "es también el más esperanzador" porque "el desconocimiento tiene solución" con una formación adecuada.

Por ello, el estudio concluye con tres recomendaciones prioritarias por su impacto y viabilidad a corto plazo: la formación obligatoria sobre este documento internacional para todos los niveles de la administración -especialmente, la local-, la obligación legal de retorno motivado en los procesos de participación y la garantía efectiva del derecho a la asistencia jurídica gratuita para entidades ambientales. EFE