Sevilla, 5 jun (EFE).- Un juzgado de Sevilla ha confirmado la resolución por la que acordó el archivo provisional de la querella que los padres de Sandra Peña, la alumna de 14 años que se suicidó el pasado octubre víctima de un posible caso de acoso, habían presentado contra los responsables del colegio privado concertado Irlandesas Loreto de la capital andaluza.
En un auto, al que ha tenido acceso EFE este viernes y contra el que cabe recurso de apelación, el magistrado del Juzgado de Instrucción 7 confirma el archivo de la querella en todos sus términos, al tratarse de una resolución "debidamente razonada" en la que se llegó a la conclusión de no continuar con el procedimiento "por falta de sustento jurídico para responsabilizar de la muerte de una alumna al 'staff' educativo del colegio".
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"Reproducir en la instrucción lo que ya se ha hecho en la Fiscalía de Menores, no solo es innecesario sino también perjudicial para el equilibrio emocional de los que ya declararon, compañeros de Sandra", razona.
La Fiscalía apoyaba en un escrito el archivo de la causa y pedía que se desestimara el recurso, al entender que "reproducir diligencias que ya han sido practicadas en el seno de la Fiscalía de Menores, volviendo a llamar a declarar a menores compañeros de la menor fallecida (...), nada aportaría nuevo a efectos del esclarecimiento de los hechos".
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Aunque en el auto el juez comprende la "desazón" de los padres de Sandra, señala que la Administración de Justicia "no puede actuar para paliar esa situación, cuando ello no es necesario en base a los razonamientos del auto".
Explica que se ha esperado a recibir el testimonio de lo actuado en Fiscalía "por ser muy necesario para comprender el caso y no por lentitud" y, al respecto, indica que las diligencias se iniciaron el 12 de enero de 2026 "y en cuatro meses se han resuelto aunque no en el sentido que interesa a la parte querellante".
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En el auto de archivo provisional de la querella, el magistrado entendía que el colegio y sus responsables adoptaron medidas para combatir la situación de acoso, "pero no les era exigible que controlaran a la menor en todo momento para evitar que esta se quitara la vida".
Las actuaciones archivadas se abrieron por la querella de los padres de la menor contra el centro educativo -perteneciente a la Fundación Educativa Mary Ward-, su director, la tutora, la jefa de estudios y la orientadora por la posible comisión de delitos de homicidio por imprudencia, lesiones psíquicas imprudentes y trato degradante. EFE
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