Madrid, 14 may (EFE).- La defensa de Begoña Gómez, mujer del jefe del Ejecutivo, ha pedido a la Audiencia de Madrid que anule la decisión del juez Juan Carlos Peinado de proponer sentarla frente a un jurado popular, y ha vuelto a insistir en que se la está investigando "por ser cónyuge del presidente del Gobierno".
Una denuncia que ya formuló en el recurso en el que pedía al juez Peinado revocar el auto en el que propuso juzgarla por un tribunal de jurado y que, tras el rechazo del magistrado, ahora vuelve a formular ante la Audiencia Provincial.
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En su nuevo recurso, el abogado Antonio Camacho carga duramente contra el juez Peinado por despachar sus argumentos sin motivación alguna con una "copia mecánica" de la fundamentación jurídica que utilizó en otra de sus resoluciones.
Esa copia implica, según el abogado, que ninguna de las argumentaciones "ha recibido respuesta", y subraya que "una respuesta genérica o evasiva" supone, en la práctica, "silenciar" los argumentos de Begoña Gómez.
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La defensa de Gómez solicitó recientemente dejar en suspenso el procedimiento mientras la Audiencia Provincial resolvía una serie de recursos pendientes, como el de la Fiscalía, contra la propuesta de Peinado de que la mujer del presidente del Gobierno, su asesora, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés fuesen juzgados por un jurado popular.
Antonio Camacho, según expone en el recurso conocido este jueves, considera que Peinado ha incurrido "en una palmaria vulneración del deber constitucional de motivación", algo que lleva denunciando desde el inicio del procedimiento.
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Pero también insiste en que no hay indicios en su contra y, al considerar que el juez no respondió a uno solo de sus argumentos, se remite a su anterior recurso para ir refutando, uno por uno, los cuatro delitos que el magistrado le imputa: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación.
Cuestiona, por ejemplo, que el juez intente vincular la llegada de Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno con la obtención de ventajas de Begoña Gómez en su ámbito laboral, y que pretenda así "construir" el "relato" de un presunto tráfico de influencias.
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Cuando, sostiene, "no fue el cambio institucional de su cónyuge lo que llevó a ampliar su actividad docente sino su experiencia previa", y recuerda que Begoña Gómez ya dirigía un máster en el Universidad Complutense desde 2012, cuando Pedro Sánchez no era "ni siquiera" secretario general del PSOE.
"Absolutamente falaz" considera la afirmación de que Juan Carlos Barrabés ayudó a Begoña Gómez en el establecimiento de la cátedra que la mujer del presidente del Gobierno codirigió en la Complutense, cuando este empresario "no tuvo ninguna relación" con la misma.
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Y subraya asimismo que Begoña Gómez declaró en calidad de testigo, y no de investigada, en las pesquisas que tiene abiertas la Fiscalía Europea sobre una serie de contratos adjudicados a una empresa de Barrabés.
En su recurso, donde habla de "relato falaz" del magistrado, asegura que "no se ha acreditado la existencia de una conducta activa destinada a influir en un funcionario público y no existe ningún beneficio económico" por parte de Begoña Gómez.
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Defiende asimismo que no hay "ningún indicio" de corrupción en los negocios en torno a la financiación para la cátedra, de que se haya apropiado del software que se elaboró para la misma, ni de malversación de dinero público en el trabajo que desempeña su asesora para ella. EFE
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