Levantan el secreto de sumario por corrupción en el exgobierno de Melilla tras 3 años

Melilla, 7 may (EFE).- La jueza instructora del caso Santiago-Rusadir, que investiga supuestos delitos relacionados con la corrupción y compra de votos en el gobierno de Melilla en la legislatura anterior, ha levantado el secreto de sumario después de tres años desde que comenzó la investigación y se produjeron las primeras detenciones.

Durante este tiempo ha permanecido bajo secreto este caso con decenas de detenidos e investigados, entre ellos el expresidente de Melilla y presidente de Coalición por Melilla (CPM), Mustafa Aberchán, y cuatro exconsejeros del Gobierno melillense en la anterior legislatura, además de numerosos empresarios.

Según el auto judicial, al que ha tenido acceso EFE, este caso investiga la presunta comisión de los delitos de organización criminal, fraude electoral, delito contra la intimidad, fraude en la contratación, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales y financiación ilegal de partidos políticos, entre otros.

El auto, fechado este miércoles, ordena el levantamiento parcial del secreto de sumario, que consta de una causa principal y seis piezas separadas, de las cuales dos de ellas siguen bajo secreto, aunque una de ellas dejará de estarlo en un plazo estimado de 10 días.

Se trata en concreto de la pieza segunda, dedicada al volcado de dispositivos de almacenamiento de datos intervenidos en las decenas de registros y detenciones que se han llevado a cabo en este caso, que se mantiene bajo secreto por problemas técnicos en el sistema informático para realizar un levantamiento parcial.

No obstante, la jueza mantendrá secretas varias deducciones de testimonio para ser repartidas a otros juzgados con el fin de no perjudicar la investigación, al igual que la pieza sexta, incoada en octubre de 2025 para investigar nuevos hechos revelados durante la instrucción.

El resto de las piezas, sobre las que ya no existe secreto, están dedicadas a las intervenciones telefónicas, la adjudicación fraudulenta de contratos públicos, blanqueo de capitales y financiación ilegal del partido político Coalición por Melilla (CPM), el principal del anterior gobierno, del que también formaban parte PSOE y Eduardo de Castro (expulsado de Ciudadanos).

El caso investiga una presunta organización criminal dedicada a supuestas diversas actividades ilícitas, entre ellas la compra de votos por correo en las elecciones de 2019 y 2023; la creación de una base de datos ilegal obtenida inicialmente del padrón municipal; malversación, fraude en la contratación con “centenares de expedientes” afectados, financiación ilegal del partido político y beneficio personal de “mordidas”.

Contra esta resolución caben recursos de reforma y apelación. EFE

Compartir nota: