Prisiones insta a informar a los reclusos sobre el proceso de regularización de extranjeros y elaborar un registro

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha instado a los centros penitenciarios a informar del proceso extraordinario de regularización para extranjeros, así como elaborar un registro estadístico de solicitantes entre la población reclusa, facilitar la documentación "a la mayor brevedad" y ofrecer apoyo lingüístico si fuera necesario.

La comunicación de la Dirección General de Ejecución Penal y Reinserción Social del organismo dependiente del Ministerio del Interior, a la que tenido acceso Europa Press, establece que se "garantice una adecuada información a la población interna extranjera y, en su caso, facilitar copia de la documentación que pudiera constar a la administración penitenciaria.

De esta forma, se insta a informar a la población interna extranjera de la existencia del Real Decreto 316/2026 de 14 de abril mediante la difusión en los tablones de anuncios, bibliotecas o escuelas, "determinando el profesional del equipo técnico que tendrán como referencia a estos efectos".

Prisiones añade que, en caso de que sea necesario, se deberá dar apoyo lingüístico y que "toda la información que requiera la persona solicitante sea facilitada a la mayor brevedad".

Asimismo, se ordena que haya un registro y anotación en el expediente personal tanto si consta esta documentación como si no existiera total o parcialmente, al objeto de contabilizar todas las solicitudes de regularización.

En este sentido, la asociación profesional de trabajadores penitenciarios Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM) ha denunciado la "celeridad en regular medidas que buscan un beneficio en la población reclusa" frente a lo que consideran un "silencio" de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias a reivindicaciones de los trabajadores.

Entre las reivindicaciones han citado el "retraso injustificado" para reconocer la condición de agente de autoridad a través de la modificación del artículo 80 de la Ley Orgánica General Penitenciaria o la implantación de medidas de concentración horaria para reducir desplazamientos innecesarios.