La jueza de la dana cita a tres testigos para determinar si Argüeso supo del ofrecimiento de agentes para los barrancos

La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana ha citado a declarar, a petición de la acusación que ejerce el sindicato FETAP-CGT, a tres testigos para determinar si el ex secretario autonómico de Emergencias, investigado en la causa, Emilio Argüeso, conoció el ofrecimiento de agentes medioambientales que hizo la Dirección General de Medio Natural para la vigilancia de cauces y barrancos con motivo de las riadas del 29 de octubre de 2024.

La instructora entiende que la diligencia de prueba es pertinente porque, entre otras cosas, está "en consonancia con la resolución de la Audiencia Provincial de Valencia que acordó el análisis de la trazabilidad de la comunicación".

Así lo señala en un auto en el que añade que esa petición de testifical se hizo por la propia defensa de Argüeso en su escrito inicial de petición de prueba, tras la incorporación al procedimiento de un documento "en el que constaba, como ahora confirma la Dirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (DGTIC), que el ofrecimiento de agentes medioambientales fue recibido en la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE) y abierto el mismo día 29".

Los tres testigos han sido citados para que depongan sobre la "recepción, gestión y destino" de la comunicación interna remitida por el director general de Medio Natural y Animal el 29 de octubre de 2024 (Luis Gomis), sobre el ofrecimiento de agentes medioambientales, y en particular, "para que aclaren las acciones que realizaron tras su recepción y a quién o quiénes comunicaron dicha información".

FETAP-CGT alegaba en su escrito que el informe de la DGTIC había sido "esclarecedor" para confirmar la recepción de la comunicación en la AVSRE e identificar a los funcionarios que la gestionaron inicialmente pero dejaba abierto el "interrogante fundamental" de si llegó a conocimiento de Argüeso, entonces máximo responsable de la AVSRE. Por su parte, la defensa del ex secretario autonómico se opuso al entender que el investigado "no conoció tal ofrecimiento".

El informe certifica que la comunicación remitida por la Dirección General de Medio Natural y Animal "no solo sí que llegó a la AVSRE" sino que "fue abierto", según un documento de Gomis, a las 12:25 horas del día 29 de octubre, cuando quien gestionaba la emergencia era Emilio Argüeso, que "ostentaba la posición de garante al objeto de que no se produjeran fallecimientos ni lesionados".

A esa hora estaba declarada, desde las 7.45 horas, la situación 1 de emergencia para la Ribera Alta, y se había decretado la alerta hidrológica en el río Magro y en el barranco del Poyo, lo que supone situación 0 de emergencia para dichas zonas, y por tanto, la dirección del plan en esas áreas en ese momento le correspondía a él, al igual que el día anterior, 28 de octubre, expone la magistrada. La situación 2 de emergencia para toda la provincia, incluyendo L'Horta Sud, no se declaró hasta pasadas las 19 horas del día 29.

Y ese día anterior, una técnica de Emergencias efectuó una petición verbal de colaboración de agentes medioambientales, a través de otro funcionario. La contestación fue que enviaran una petición formal al correo para el caso de unidades de prevención y recursos de vigilancia mientras que si era para agentes medioambientales debía ser al director general de Medio Natural y Animal.

Finalmente, se optó por "recursos propios" de la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de los Servicios de Emergencias (SGISE): activar a bomberos forestales para medir escalas, tras las alertas hidrológicas declaradas.

Pese a no realizarse desde la AVSRE esa petición formal de colaboración, Luis Gomis "insistió en el ofrecimiento de los agentes medioambientales", "tal y como queda perfectamente documentado a través de una comunicación interdepartamental que se emitió a las 12:19 h y que se recibió y abrió en la AVSRE a las 12.25 horas del mismo día".

Para la magistrada, la tesis de la defensa de Argüeso "parece nuevamente defender que la mejor argumentación exculpatoria es que los cargos que asumían la gestión de la emergencia estaban aislados, en una burbuja, en la que las previsiones de los demás no eran acertadas, no había información y los técnicos no aconsejaban o bien discutían largo y tendido entre ellos, que los funcionarios tampoco les transmitían nada, y que no les avisaron de las llamadas del 112".

"AMENAZA"

Al respecto, recalca que lo "decisivo" es que "el foco de peligro suponía una amenaza: el desbordamiento de barrancos y ríos, una situación de riesgo que conllevaba una amenaza constante de desestabilizarse y que exigía un control específico" y subraya que el Plan Especial de Inundaciones habla de rondas de seguimiento en los barrancos, que debían ser objeto de control por parte de las autoridades de protección civil, por la dirección del plan.

La magistrada alude también que la gestión de la emergencia requería colaboración entre Consellerias que, "descartada la atribución de dicha responsabilidad al presidente de la Generalitat en virtud de auto de 16 de marzo de 2026 del TSJCV", debía hacerse por la consellera y el secretario autonómico.

Sin embargo, enumera que "no hubo coordinación alguna" ni con Servicios sociales; ni con Agricultura en cuanto a la presa de Buseo, que desbordó por coronación; ni con Educación --en los tres casos cita a personas fallecidas en sus casas o a la recogida del colegio--; ni con Medio Ambiente, "pues se prescindió de un medio previsto en el Plan, que podía haber resultado muy útil en la vigilancia de cauces: los agentes medioambientales".

DESPLIEGUE DE À PUNT

"Si la televisión autonómica efectuó su despliegue informativo por diversos puntos de la provincia, lo previó con cinco días de antelación y lo mantuvo todo el día 29 de octubre de 2024", como expuso la testigo-perito jefa de Meteorología de la cadena, "es difícilmente comprensible la actuación de los investigados encargados del control de la emergencia y de la vigilancia de las fuentes de riesgo y la ulterior alerta a la población", manifiesta.

Por tanto, indica que "no se puede hacer depender de la apertura de un correo, ni de la comunicación al superior a través de una jerarquía de diversos puestos administrativos, el hecho de que no se hiciera uso del recurso que suponía los agentes medioambientales" y considera que el por qué no se solicitaron por el investigado, siendo director del plan, "es una pregunta que al mismo corresponde exclusivamente responder".

A su juicio, la "tesis exculpatoria" de Argüeso "ya es difícilmente entendible desde el mismo momento en que estaba presente mientras se hablaba sobre el riesgo" de lo que la exconsellera anotó como "Barranco del Pollo" o porque se desplazaron ambos a "viaje inútil a Carlet" cuando aún no había sido convocado el Cecopi, y de cuya explicación hay un WhastApp que Pradas envía al 'expresident' Carlos Mazón a las 13.43 horas del día 29: "Me voy a Carlet para que se (los) vea con bomberos forestales".

La jueza incide en que Argüeso "minimizó" el riesgo previsto para el día 29, y que ya se infería de los mensajes que se cruzó con la técnico de Emergencias el día 28 a propósito de la suspensión de las clases en algunos municipios. "De esto sabemos algo. Es que la información que nos llega del 112 no es tan grave", apunta uno de ellos que escribió el ex número dos de Pradas.

"Pero vamos. Que es un poco exagerado el tema?", señala en otro. Y agrega la jueza que mientras, Argüeso hacía gestiones para personal de Presidencia sobre "el mejor modo de llegar a Xàtiva durante la emergencia".