San Fernando de Henares (Madrid), 13 abr (EFE).- Las empresas de Jordi Pujol Ferrusola, primogénito del expresidente de Cataluña, facturaron 14 millones de euros entre 2004 y 2012, la mayoría de sociedades contratistas de la Generalitat, según han declarado hoy dos inspectores de Hacienda ante el tribunal que juzga a la familia.
La Audiencia Nacional ha reanudado este lunes el juicio al expresidente catalán Jordi Pujol, a sus siete hijos, a Mercè Gironés, exesposa del primogénito, y a nueve empresarios por el origen de la fortuna oculta en Andorra, que la Fiscalía cree que la familia amasó con comisiones ilegales.
En la sesión de este lunes han comparecido varios peritos, entre ellos dos inspectores de la Agencia Tributaria que analizaron los movimientos de la cuentas de Jordi Pujol Ferrusola y su esposa y de las empresas que estos controlaban, principalmente Iniciatives Marketing i Inversions S.A. (IMISA) y Project Marketing.
A preguntas del fiscal han dicho que ambas sociedades facturaron entre 2004 y 2012 un total de 14 millones de euros y que la mayoría de los ingresos procedían de empresas que tenían contratos con la administración de Cataluña.
En la sesión de este lunes ha declarado además el perito de la defensa Joan Manuel Trayter, quien ha negado que hubiera margen de influencia política en la concesión de licencias para que operaran los vertederos de Cruïlla (Girona) y Tivissa (Tarragona) impulsados por Jordi Pujol Ferrussola, que la Fiscalía considera amañadas.
El perito, catedrático de Derecho Administrativo y presidente de la Asociación Española de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente, ha analizado los procesos de tramitación de los vertederos de Cruïlles (Girona) -clausurado en 2014 a raíz de una sentencia del Supremo que anulaba sus autorizaciones ambientales- y Tivissa (Tarragona), en los que Jordi Pujol Ferrusola invirtió a través de sociedades radicadas en otros países.
El perito ha sostenido que en ese tipo de autorizaciones ambientales no hay ningún margen de "discrecionalidad", puesto que tienen "carácter reglado y debido", de forma que "los políticos tienen que aceptar los informes preceptivos y determinantes" de los técnicos.
Según su criterio, en este tipo de procesos el responsable político es el que firma la autorización, "pero siempre siguiendo las directrices" técnicas. En la tramitación del de Cruïlles, también extensible al de Tivissa, participaron las comisiones de urbanismo y territorial -con representación de la Generalitat y del Estado-, además del ayuntamiento y de la junta de residuos, que es "independiente de la jerarquía de la consellería", ha explicado.
En relación a la sentencia de 2014 que ordenó la clausura del vertedero tras anular su licencia ambiental, el perito ha argumentado que el cierre obedeció a "cuestiones de forma, un tema técnico" que afecta a todos los municipios, dado que la justicia concluyó que no es suficiente un plan especial urbanístico para dar cobertura legal a ese tipo de instalaciones.
También ha declarado este lunes el auditor de cuentas Víctor Benedito Torrecilla, que elaboró informes periciales a propuesta de las defensas de los empresarios procesados Alejandro Guerrero Kandler y Josep Cornadó Mateu.
El perito ha señalado que los pagos realizados por empresas de Alejandro Guerrero a sociedades de Jordi Pujol Ferrusola no correspondían a trabajos ficticios para justificar comisiones por adjudicaciones públicas, como mantiene el fiscal, sino a contraprestaciones por la labor del segundo como intermediario para captar inversores para proyectos inmobiliarios del primero.
Benedito ha defendido que las facturas que Jordi Pujol Ferrusola giró a los empresarios procesados por trabajos de intermediación sí eran reales, pese a que no existe prueba documental de los mismos, y ha justificado que estos se basaran únicamente en "contratos verbales".
En ese sentido, ha explicado que Jordi Pujol Ferrusola era una persona con contactos que desarrollaba una labor de "conseguidor" de oportunidades de negocio y de "captador "de empresarios e inversores interesados.
El auditor ha recordado que Alejandro Guerrero no había recibido nunca adjudicaciones para obras públicas, que dichos proyectos inmobiliarios eran cien por cien privados y que pagó a Jordi Pujol Ferrusola por su intermediación mediante transferencias bancarias y con soporte de facturas.
Otros de los peritos que han declarado hoy son dos auditores propuestos que por la defensa de Josep Cornado, expresidente de Copisa, que analizaron las adjudicaciones de obra pública obtenidas por el grupo en tres períodos distintos: de 2003 a 2006, con la Generalitat en manos del tripartito encabezado por el PSC, y de 2011 a 2014, cuando en Cataluña gobernaba CiU.
Según sus informes, el importe de adjudicaciones a Copisa y sus sociedades vinculadas fue del 5,6% y del 4,3% en los dos primeros períodos, pero descendió hasta el 1,8% en la etapa de gobierno de CiU. La ratio de éxito de los concursos a que se presentaban, han añadido, cayo también del 12,4% inicial al 10,1% de la última época.
A preguntas del fiscal, no obstante, han admitido que no analizaron si el descenso de licitaciones en la última etapa pudo estar vinculado al inicio de investigaciones a la familia Pujol por presunta corrupción. La primera causa contra el primogénito se abrió en 2012. EFE
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